En busca de justicia sin revanchismo: el dilema venezolano

Desde Panamá, en el exilio temporal que marca estos tiempos convulsos de América Latina, una voz se alza rechazando lo que muchos esperarían escuchar de quien ha enfrentado persecución política. No es una propuesta de castigo masivo ni de venganza institucionalizada. Es, paradójicamente, una apuesta por la justicia.

Este posicionamiento refleja un debate profundo que atraviesa a toda la región: ¿cómo reconstruir democracias fracturadas? ¿Es posible la verdad sin represalia? ¿Qué significa realmente «justicia transicional» cuando una nación entera ha sido desgarrada por la crisis económica, política y humanitaria?

El contexto de una crisis sin precedentes

Venezuela vive desde hace años una fragmentación que va más allá de lo político. Millones han abandonado el país buscando sobrevivencia. Las instituciones están capturadas. El sistema electoral ha sido cuestionado internacionalmente. Las familias están divididas entre quienes se quedaron y quienes emigraron. En este escenario, cualquier propuesta de futuro debe ser cuidadosamente sopesada.

La mención explícita de responsabilidades en la gestión de crisis no es un acto vengativo, sino un ejercicio de memoria histórica. Identificar decisiones concretas que profundizaron el colapso es necesario para que no vuelvan a ocurrir. Pero hacerlo sin convertir el proceso en un tribunal de represalias es el desafío real.

Reformas institucionales como base del cambio

La propuesta de renovar órganos electorales y judiciales toca el corazón del problema. En Venezuela, como en varios países latinoamericanos, las instituciones han sido utilizadas como herramientas de poder, no como garantías de derechos. Un Consejo Nacional Electoral legítimo y una Corte de Justicia independiente no son lujos democráticos: son requisitos básicos.

La fijación de fechas electorales claras responde a otra necesidad urgente: la certidumbre. Cuando la ciudadanía no sabe qué esperar, cuando las promesas se evaporan, cuando los plazos son indefinidos, crece la desesperación. Millones de venezolanos dentro y fuera del país necesitan proyectarse hacia un futuro predecible.

Una lección para la región

Este enfoque tiene resonancias en toda América Latina. Colombia experimentó procesos de verdad y reconciliación. Uruguay construyó democracia después de dictadura. Chile, Argentina y otros países buscaron equilibrios entre justicia y paz social. Cada experiencia dejó lecciones: sin verdad no hay reconciliación auténtica, pero tampoco la hay si la búsqueda de castigos domina la agenda pública.

El rechazo explícito a la amnistía —es decir, al olvido forzado— es coherente con esta perspectiva. No se trata de perdonar lo imperdonable, sino de procesarlo institucionalmente, con garantías de debido proceso y respeto a derechos fundamentales.

Los dilemas sin resolver

Sin embargo, hay tensiones inherentes a esta propuesta. ¿Cómo se juzga a quienes controlaron el aparato estatal sin que el nuevo gobierno use la justicia como arma política? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? ¿Cómo se garantiza que las investigaciones sean rigurosas y no selectivas?

Estas preguntas no son académicas. En países como México, donde existe impunidad generalizada pese a cambios de gobierno, sabemos que los buenos deseos no bastan. Se requieren instituciones robustas, sociedad civil vigilante, y una voluntad política que persista más allá de ciclos electorales.

La espera de millones

Mientras se negocian estos términos, hay venezolanos en campos de refugiados, trabajadores sin derechos en ciudades extranjeras, familias separadas por océanos. Para ellos, el debate sobre amnistia o justicia no es teórico. Es personal. Es urgente.

Lo que está en juego no es solo cómo castigar a culpables, sino cómo reconstruir un tejido social desgarrado. Cómo hacer que instituciones funcionen para todos. Cómo permitir que ciudadanos vuelvan sin temor. Cómo garantizar que las próximas elecciones sean realmente libres.

En tiempos donde la revancha parece tentadora y la venganza justiciera, elegir la ruta más compleja de la justicia transicional es un acto de responsabilidad política. No es perdón. Es construcción deliberada de futuro sobre los escombros del presente.

Información basada en reportes de: Diario EL PAIS Uruguay