El fantasma de la venganza en la transición venezolana

Cuando una sociedad atraviesa una ruptura institucional profunda, emerge inevitablemente una pregunta incómoda: ¿qué hacer con quienes ejercieron el poder de manera autoritaria? Esta interrogante no es nueva en América Latina. Argentina, Chile, Perú, Guatemala—cada país ha debatido cómo procesar el trauma político sin reproducir el ciclo de venganza que caracteriza a los regímenes autoritarios. Hoy, María Corina Machado la plantea de frente desde el exilio: justicia sí, pero sin revancha.

Esta posición merece reflexión seria. No por ser declaración de una figura política, sino porque toca el dilema central de toda transición democrática genuina. Machado, reconocida internacionalmente por su activismo, sostiene que no puede haber amnistía general para quienes perpetraron violaciones de derechos humanos o corrupción sistemática. Simultáneamente, promete que un eventual gobierno de cambio no usará los aparatos de justicia como herramienta de persecución política. Es una cuerda floja, delgada como vidrio.

¿Por qué esta distinción importa?

La diferencia entre justicia y venganza no es semántica. Es estructural. Una sociedad que intenta construir democracia desde las ruinas del autoritarismo necesita tribunales independientes que investiguen delitos verificables con estándares probatorios rigurosos. Necesita que el proceso sea público, predecible, sometido al estado de derecho. Esto es incómodo, lento, a veces frustrante para víctimas que claman por castigo inmediato. Pero es lo que distingue un sistema judicial de un ajuste de cuentas.

La venganza, en cambio, es caprichosa. Responde a listas de enemigos, a lealtades cambiantes, al humor de quien detenta el poder en cada momento. Los regímenes autoritarios son expertos en esto: persiguen con aparato estatal, legalizan lo ilegal, convierten la justicia en instrumento de represión. Si una transición democrática comienza replicando estos métodos—aunque sea contra quienes resulten culpables—habrá fracasado en lo esencial.

El desafío institucional concreto

Machado no solo rechaza la amnistía como gesto retórico. Demanda reformas específicas: un nuevo Consejo Nacional Electoral limpio, un Tribunal Supremo independiente, y un cronograma electoral transparente. Estas exigencias son técnicamente complejas pero políticamente lógicas. No puede haber justicia genuina sin árbitros confiables. Los tribunales actuales en Venezuela están capturados por el régimen; el CNE ha sido instrumento de fraude. Reconstruir estas instituciones es precondición para cualquier proceso legal creíble.

En esto, Machado tiene razón. Una corte suprema comprometida no puede juzgar a ex funcionarios con imparcialidad. Un sistema electoral viciado tampoco puede legitimar gobiernos posteriores. Sin esta limpieza institucional previa, cualquier promesa de justicia será hueca.

La sombra de los precedentes latinoamericanos

La región ofrece lecciones. Argentina persiguió juicios de lesa humanidad décadas después de la dictadura, pero construyó tribunales independientes primero. Chile optó por comisiones de verdad que investigaron sin poder punitivo inmediato. Uruguay eligió amnistía casi completa y vive con ese debate aún abierto. Guatemala intentó justicia transicional con resultados mixtos. No hay receta perfecta.

Lo que sí se observa: los procesos que funcionan mejor son aquellos donde la sociedad construye acuerdos mínimos sobre qué significa justicia antes de instrumentalizarla. Donde se respeta debido proceso aunque duela. Donde se reconoce que la verdad y la reparación a veces importan más que el castigo absoluto.

La prueba real viene después

Que Machado prometa justicia sin venganza hoy, desde Panamá, es moralmente correcto. Pero la prueba será si mantiene esa postura cuando tenga poder real, cuando familias de víctimas exijan sangre, cuando sectores radicales demanden represalias. Ahí se verá si el discurso tiene hueso o es solo retórica electoral.

Venezuela necesita ambas cosas: instituciones limpias que garanticen justicia y una clase política con madurez para no convertir la justicia en venganza. No es garantizado que lo consiga. Pero al menos, alguien está nombrando el dilema con claridad.

Información basada en reportes de: Diario EL PAIS Uruguay