La trampa de la justicia transicional

Cuando una sociedad emerge de la autoritarismo, enfrenta una pregunta incómoda que no tiene respuesta perfecta: ¿qué hacer con los responsables? Venezuela, atrapada en esta encrucijada, oye ahora a una de sus voces más visibles plantear una posición que suena noble pero que carga el peso de contradicciones históricas que toda Latinoamérica reconoce.

La propuesta de María Corina Machado de perseguir responsabilidades sin caer en represalias no es original, pero tampoco es ingenua. Es la fórmula que otros países intentaron: Argentina con sus juicios sin perdón, Chile con sus comisiones de verdad, Uruguay con sus silencios negociados. Cada uno dejó cicatrices de diferente forma.

¿Quién define la línea entre justicia y revancha?

Aquí está el quid: Machado descarta amnistías pero promete que no habrá venganza. El problema no es la intención, sino la ejecución. Históicamente, la venganza es lo que cada bando cree que es justicia. Para las víctimas de represión, procesar a los responsables es reparación necesaria. Para los perseguidos, esa persecución se verá como cacería política.

La mención específica a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta saliente, es sintomática. No es arbitraria ni accidental. Es señalar dónde comienza la responsabilidad, establecer que habrá actores identificados. Pero aquí emerge la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿hasta dónde sube la cadena de responsabilidad? ¿Solo los ejecutores visibles o también quienes diseñaron las políticas?

La reconstrucción institucional como prioridad

Más allá de la justicia, Machado demanda lo que suena más técnico pero es radicalmente político: un nuevo Consejo Nacional Electoral y una nueva Corte Suprema. No son detalles administrativos. Son los órganos que legitimarían o delegitrimarían cualquier proceso futuro. Si las instituciones que arbitra el nuevo orden son percibidas como producto de venganza—aunque se niegue—la transición fracasa.

Esto revela una estrategia clara: institucionalizar antes de juzgar. Establecer las reglas del juego nuevo con árbitros nuevos, y recién entonces evaluar responsabilidades. Es prudente, pero también preocupante. ¿Qué garantiza que esos árbitros nuevos sean imparciales y no meros vencedores redefiniendo la cancha?

El fantasma de las transiciones latinoamericanas

La región ha visto esto antes. En 2003, cuando Haití expulsó a Jean-Bertrand Aristide, prometió justicia sin vendetta. Dos décadas después, el país sigue sin resoluciones. En Honduras, la justica transicional quedó en papeles. El Salvador negoció olvido institucionalizado. Cada caso dejó cicatrices nunca cerradas.

No se trata de pesimismo, sino de realismo. Las transiciones que funcionan—y aquí hablamos de funcionan relativamente, nunca perfectamente—son aquellas que consiguen dos cosas simultáneamente: satisfacer minimamente a las víctimas con verdad y alguna forma de justicia, mientras ofrecen a los perpetradores caminos hacia la reinserción social que no sean la impunidad total.

La pregunta que Machado no responde

¿Cuál es el costo de la coexistencia? Si se persigue a algunos pero no a todos, ¿es justicia o es teatro? Si se juzga pero sin penas ejemplares, ¿satisface o frustra? Venezuela necesita respuestas que no sean eslóganes: instituciones nuevas, sí; justicia sin venganza, suena bien; pero ¿cómo se operacionaliza? ¿Comisión de verdad? ¿Juicios selectivos? ¿Reparaciones simbólicas?

El reto de Machado y cualquier liderazgo post-transición es hacer que la justicia se perciba como tal, no como represalia rebautizada. Eso requiere transparencia radical, participación de víctimas en el diseño, y sobre todo, un pacto social que reconozca que nadie saldrá completamente satisfecho. Eso es lo difícil. Mucho más difícil que prometer justicia.

Venezuela merece salidas, no solo promesas. El tiempo dirá si la brújula apunta realmente hacia la justicia o solo hacia otro ciclo de violencia con otro uniforme.

Información basada en reportes de: Diario EL PAIS Uruguay