El poder se protege: cómo se endurece la ley contra críticas

La piel gruesa del poder en México se manifiesta de maneras sutiles. A veces no en lo que se prohíbe explícitamente, sino en cómo se redefinen las prohibiciones existentes. Esto es precisamente lo que ocurrió con las modificaciones introducidas por el senador Javier Corral al tipo penal que sanciona ofensas contra instituciones del Estado, cambios que fueron aprobados recientemente en el Senado de la República.

Estamos ante un caso paradigmático de cómo el aparato legal puede transformarse en escudo protector del poder establecido, no mediante la censura abierta —que sería inaceptable en una democracia—, sino mediante el refinamiento de las normas. Los cambios propuestos por Corral hicieron dos cosas simultáneamente: redujeron las penas por estos delitos y, al mismo tiempo, acotaron su alcance con definiciones más precisas que pretenden eliminar lo que se describe como «interpretaciones subjetivas».

¿Qué significa acortar las penas pero endurecer la definición?

A primera vista, la lógica parece contradictoria. Si se reduce la penalidad, ¿por qué hablar de endurecimiento? La respuesta está en la letra pequeña de cualquier reforma legal en México: la verdadera batalla no siempre está en los años de cárcel, sino en quién decide qué es delito y quién no.

Al introducir elementos objetivos —como la exigencia de que se demuestre la «utilización de la imagen institucional»— la piel gruesa del poder se vuelve más selectiva en quién puede ser perseguido. Esto significa que no cualquiera que critique o cuestione una institución pública podrá ser acusado, pero también que las autoridades tendrán criterios más claros para cuando sí quieran actuar. Es una profesionalización del control, no su desaparición.

En el contexto latinoamericano, esta estrategia es conocida. Venezuela, Nicaragua y otros países han utilizado tácticas similares: mantener formalmente las libertades mientras se refinan los mecanismos que permiten perseguir a opositores o críticos bajo argumentos legales que parecen neutrales. No es censura burda; es censura quirúrgica.

El equilibrio imposible entre seguridad institucional y libertad

No es completamente irracional que un Estado desee proteger sus instituciones de ofensas. Las democracias tienen límites. La incitación a la violencia, el sabotaje directo o la calumnias sin fundamento son acciones que los ordenamientos legales típicamente castigan. La pregunta pertinente es otra: ¿dónde trazamos esa línea?

Las reformas impulsadas por Javier Corral pretenden responder a esta pregunta con mayor precisión técnica. En teoría, esto debería beneficiar a todos. Si la ley es clara y objetiva, menos personas inocentes serían perseguidas; los críticos legítimos del gobierno tendrían mayor seguridad jurídica. Pero la historia de México y del continente demuestra que la precisión legal no siempre frena el abuso de poder.

Lo que preocupa a quienes defienden la libertad de expresión es que, en la práctica, la piel gruesa del poder tiende a endurecerse selectivamente. Una crítica mordaz de un gobernador priista será interpretada diferente a una crítica mordaz de un gobernador de un partido distinto. Los criterios «objetivos» pueden aplicarse subjetivamente según quién tenga la autoridad de interpretarlos.

¿Quién define qué es ofender una institución?

Este es el verdadero nudo del debate. Las reformas de Corral buscan evitar «interpretaciones subjetivas» mediante la introducción de elementos más concretos, pero toda ley, por precisa que sea, requiere intérpretes. Y esos intérpretes son fiscales, jueces, ministerios públicos: personas inscritas en sistemas políticos reales, sujetos a presiones reales.

México ha experimentado recientemente cambios institucionales significativos. La reforma judicial de 2024-2025 introdujo elección de jueces por voto popular. Esto genera incertidumbre adicional sobre cómo serán interpretadas normas sobre ofensas a instituciones en un escenario donde los juzgadores buscan legitimidad electoral. ¿Aplicarán estas leyes de manera uniforme o variarán según presiones locales?

La piel gruesa del poder mexicano siempre ha sido compleja. Formalmente respetamos las normas democráticas y constitucionales. Informalmente, el poder ha encontrado siempre modos de protegerse a sí mismo. Las reformas técnicas que parecen neutrales pueden convertirse en herramientas de esa protección.

¿Qué significa esto para el ciudadano mexicano?

Para el lector común, la implicación es directa: los límites de lo que se puede decir sobre el gobierno, sus instituciones y funcionarios seguirán siendo difusos. Formalmente existen márgenes amplios para la crítica. Pero esos márgenes pueden reducirse discrecionalmente dependiendo de quién ejerza el poder y con qué intención.

Las modificaciones aprobadas en el Senado por iniciativa de Javier Corral reflejan una característica persistente de nuestras democracias latinoamericanas: la tendencia a legalizarse a sí mismas. El poder no se perpetúa mediante la negación brutal de derechos, sino mediante su regulación cuidadosa. Se permite criticar, pero se definen con precisión cuándo esa crítica se convierte en delito.

Lo preocupante no es que exista castigo para ofensas graves contra instituciones. Lo preocupante es que los criterios de castigo puedan aplicarse de manera desigual; que la piel gruesa del poder se endurezca más cuando es cuestionada que cuando actúa arbitrariamente.

Como lectores y ciudadanos, la invitación es a estar alertas. Las reformas legales técnicamente bien construidas pueden ser instrumentos de protección legítima o de silenciamiento disfrazado. La diferencia no está siempre en el texto de la ley, sino en cómo se aplica. Y eso depende, finalmente, de nosotros: de nuestra capacidad de vigilar, de cuestionar, de seguir hablando incluso cuando el poder intenta hacerse más grueso.

Información basada en reportes de: El Financiero