La piel gruesa del poder: cuando reformar significa debilitar

En América Latina, existe un ritual que se repite con cansadora frecuencia. Cada vez que una reforma legal atraviesa los pasillos del poder legislativo, alguien pregunta: ¿a quién realmente protege esta ley? La respuesta no siempre es tranquilizadora.

Recientemente, se han introducido cambios significativos en la tipificación de delitos relacionados con el abuso de autoridad. Estas modificaciones no solo han reducido las consecuencias legales para quienes incurren en tales conductas, sino que también han estrecho considerablemente los márgenes para interpretar qué constituye exactamente una violación. Al establecer criterios cada vez más precisos —aunque aparentemente protectores de objetividad—, se ha creado un efecto paradójico: la ley se vuelve más rígida en su definición, pero más permisiva en su aplicación.

El juego de las palabras exactas

La técnica legislativa es sofisticada. Cuando se acotan los tipos penales mediante requisitos muy específicos —como la demostración explícita de ciertos elementos materiales—, se logra algo que en apariencia suena técnico y neutral, pero que en la práctica opera como un escudo. Si la ley exige que solo ciertas conductas muy concretas sean castigadas, entonces todo lo que caiga fuera de esa definición cristalina queda en una zona gris donde la discrecionalidad prospera.

Es lo que ocurre frecuentemente con delitos relacionados al mal uso de símbolos institucionales, recursos públicos o autoridad. Mientras más específico sea el requisito —más estrecho sea el enfoque—, más conductas similares pero técnicamente distintas quedan sin castigo. El resultado es una ley que parece clara pero que termina siendo un portero selectivo de la justicia.

El contexto latinoamericano que no podemos ignorar

En una región donde la corrupción institucional ha costado billones de dólares en desarrollo, donde funcionarios públicos han utilizado cargos para enriquecerse ilícitamente, y donde la impunidad sigue siendo la norma más que la excepción, cualquier debilitamiento de los mecanismos punitivos merece ser visto con sospecha. No por populismo, sino por simple lectura de nuestro historial.

Desde México hasta Argentina, desde Colombia hasta Perú, hemos visto cómo el poder se protege a sí mismo mediante la vía legislativa. No siempre de forma burda. Frecuentemente, mediante cambios que se presentan como técnicos, modernizadores, ajustados a estándares internacionales de precisión legal. Y sin embargo, el resultado práctico es idéntico: quienes ostentan autoridad terminan siendo más difíciles de sancionar.

¿Cuál es realmente el propósito?

La pregunta fundamental es incómoda pero necesaria: ¿estas reformas buscan genuinamente proteger a los ciudadanos de interpretaciones arbitrarias, o buscan proteger a los funcionarios de consecuencias reales? La diferencia no es académica. Es la diferencia entre una democracia donde el poder rinde cuentas y una donde simplemente se oculta mejor.

Si el propósito fuera verdaderamente garantizar objetividad, se podría haber optado por mecanismos alternativos: comisiones de expertos independientes, estándares internacionales claros, rendición de cuentas fortalecida. En cambio, lo que típicamente ocurre es que se reduce el alcance del tipo penal mismo, no solo su interpretación.

El riesgo de la normalización

Quizás el peligro más grave es que estas reformas normalizan la idea de que la impunidad es un asunto técnico, no político. Que es un problema de redacción legal, no de voluntad de castigar. Esto adormece la vigilancia ciudadana y nos acostumbra a pensar que no hay alternativa, que las cosas son así.

Los ciudadanos de nuestros países tienen derecho a exigir que quienes ejercen autoridad respondan por sus actos. No caprichosamente, no arbitrariamente, pero sí de verdad. Cuando las leyes se reforman de manera que hace cada vez más difícil ese castigo, debemos preguntar en voz alta: ¿para quién se está escribiendo esta ley? La respuesta frecuentemente nos dirá más que cualquier exposición de motivos.

La piel del poder es gruesa. Cada reforma debe preguntarse si la está haciendo más gruesa.

Información basada en reportes de: El Financiero