Un año después del feminicidio de Itzel, el juzgado de Chalco dictó sentencia condenatoria que marca un hito histórico de justicia en la región. José Ignacio Escorcia Serrano fue condenado a 70 años de prisión, la pena máxima establecida por la ley, además de una reparación económica de un millón y medio de pesos para la familia de la víctima.
La resolución emitida por el juez de control en los juzgados de Huitzilzingo, en Chalco, el 26 de octubre de 2026, cierra una etapa judicial que estuvo marcada por la presencia constante de colectivas y activistas de los municipios de Tepetlixpa, Ozumba y Atlautla, quienes acompañaron cada paso del proceso con determinación y solidaridad.
Un año de lucha comunitaria por justicia
La sentencia no llegó sin costo. Durante todo el desarrollo del juicio, familiares, amigos y activistas que exigían justicia enfrentaron momentos de tensión y vulnerabilidad. Las intimidaciones y amenazas se multiplicaron a través de redes sociales e inteligencia artificial telefónica, intentos deliberados de amedrentamiento dirigidos a silenciar las voces que demandaban castigo al responsable.
A pesar de estos obstáculos, la movilización comunitaria no se quiebró. Las colectivas mantuvieron su presencia en cada audiencia, en cada momento clave del proceso judicial. Fueron sus gritos, sus carteles, su dignidad la que sostuvo a la familia de Itzel cuando el dolor amenazaba con consumirlo todo.
¿Qué significa esta sentencia del juzgado de Chalco?
Representantes y allegados a la familia de Itzel fueron claros en su reflexión tras conocer el veredicto: ninguna condena devuelve la vida de una víctima de feminicidio. Sin embargo, la resolución del juzgado de Chalco representa algo fundamental en una región donde la impunidad ha sido cómplice de la violencia de género.
La pena máxima de 70 años es un precedente que dice, con la voz de la autoridad judicial, que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias. Que no todas las muertes quedarán en la neblina del olvido o las estadísticas frías. Que en el Estado de México, en Chalco, en Tepetlixpa, Ozumba y Atlautla, hay personas dispuestas a luchar para que la justicia no sea un lujo sino un derecho.
Reparación del daño y responsabilidad penal
Más allá de los años de cárcel, el juzgado de Chalco ordenó una reparación económica de un millón y medio de pesos. Esta medida reconoce, aunque de forma limitada, el daño irreparable causado a la familia de Itzel. Es un reconocimiento de que la vida tiene valor, de que el dolor de quienes quedan atrás merece ser considerado por el sistema de justicia.
La condena de José Ignacio Escorcia Serrano no es el fin de la historia. Es, más bien, un punto de inflexión. Un recordatorio de que la organización comunitaria, el acompañamiento sostenido y la exigencia constante por derechos puede transformar realidades que parecían inmutables.
Una victoria que pertenece a las colectivas
Mientras el juzgado de Chalco emitía su sentencia, las colectivas y activistas que sostuvieron este proceso saben que esta victoria es colectiva. No es solo un fallo judicial, es el resultado de meses de trabajo sin pausa, de presencia en las calles, de redes de solidaridad que se tendieron entre municipios para que Itzel no fuera un número más en las estadísticas de feminicidio.
En un contexto donde las amenazas digitales intentan amilanar a quienes defienden a las mujeres, esta sentencia también es un acto de resistencia. Es la demostración de que la intimidación no fue suficiente para detener la búsqueda de justicia.
La historia de Itzel, desde su muerte hasta la condena de su feminicida, es la historia de cómo una comunidad se abraza a sí misma en el dolor y emerge transformada. Es la historia de por qué seguir creyendo en la justicia, aún cuando sea imperfecta, aún cuando no pueda devolverle lo que se perdió.
