La familia de Alberto Sandoval García, estudiante de 21 años de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asesinado durante un asalto a mano armada en la autopista México-Puebla, acudió este jueves a los juzgados de Huitzilzingo en Chalco para exigir justicia. Sin embargo, encontró las puertas cerradas.
Los juzgados permanecieron cerrados debido a conflictos internos, lo que imposibilitó la realización de la audiencia de control programada para las 8:45 horas. Este cierre judicial genera preocupación en la familia del estudiante, quien fue víctima de un robo a bordo de un autobús hace semanas.
La audiencia que no se realizó
Durante la audiencia que debería haberse llevado a cabo, se esperaba determinar la situación jurídica de uno de los presuntos implicados en el homicidio. El objetivo era que el juez resolviera si vinculaba a proceso al detenido o si lo dejaba en libertad.
«Este jueves vence el término constitucional para definir la situación del detenido», denunció José Alberto Sandoval García, padre del joven asesinado. La familia teme que el cierre de los juzgados derive en que el responsable quede en libertad por vencimiento de término.
Preocupación por la justicia
El padre del estudiante expresó su inquietud ante la posibilidad de que, debido al cierre de las instalaciones judiciales, el presunto responsable recupere su libertad sin haber sido vinculado a proceso. La situación pone de manifiesto los problemas estructurales que enfrenta el sistema judicial en la región.
La familia de Alberto Sandoval García hizo un llamado a las autoridades judiciales para garantizar que el caso avance y que se haga justicia por el asesinato de su hijo. Exigieron que se resuelva la situación del detenido conforme a los plazos constitucionales y que no quede impune este crimen cometido durante un robo en la vía pública.
Un caso que expone debilidades del sistema
Este incidente pone en evidencia las deficiencias operativas del sistema de justicia en el Estado de México, donde conflictos internos en los juzgados pueden afectar directamente los derechos de las víctimas y sus familias. El cierre no programado de las instalaciones judiciales impide que se cumplan los plazos constitucionales establecidos para resolver la situación de los detenidos.
Familiares y amigos continúan exigiendo que las autoridades resuelvan este caso y garanticen que la muerte de Alberto Sandoval García no quede sin castigo, pese a los obstáculos que enfrenta el proceso judicial.