En Toluca, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez sostuvo una reunión de trabajo con Octavio Romero, Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para revisar los avances del Programa Vivienda para el Bienestar en el Estado de México. Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa un compromiso con las familias mexicanas que históricamente han sido excluidas del acceso a una vivienda digna.

«Hacemos equipo para garantizar el derecho a una vivienda digna para las y los mexiquenses, velando siempre por quienes más nos necesitan», expresó la Gobernadora Gómez Álvarez en sus redes sociales tras la junta de trabajo.

Una ambición transformadora: 1.8 millones de viviendas

El Programa Vivienda para el Bienestar tiene una meta ambiciosa pero necesaria: la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país. Pero va más allá de solo edificar casas. La iniciativa ofrece esquemas de financiamiento y mejoramiento habitacional diseñados específicamente para personas en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos, reconociendo que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que determina la calidad de vida de millones de mexicanos.

Esta estrategia representa un giro importante en las políticas públicas de vivienda en México, donde históricamente las familias con menores recursos han quedado fuera de los esquemas tradicionales de crédito hipotecario, perpetuando ciclos de desigualdad y precariedad habitacional.

¿Por qué el Estado de México es prioritario?

El Estado de México es el territorio más poblado del país y enfrenta una demanda habitacional crítica. Millones de familias mexiquenses viven en condiciones de hacinamiento, viviendas improvisadas o en renta, destinando porcentajes insostenibles de sus ingresos al pago de vivienda. La revisión de avances del Programa Vivienda para el Bienestar en esta entidad refleja la urgencia de atender esta crisis habitacional desde las instituciones.

En la reunión de trabajo realizada en Toluca durante el 27 de octubre de 2026, participaron también Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Gobierno Estatal; Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México; así como integrantes del Infonavit, configurando un esfuerzo coordinado entre niveles de gobierno.

Financiamiento accesible para familias vulnerables

Lo central del Programa Vivienda para el Bienestar es que reconoce una verdad incómoda: las familias de menores ingresos no son sujetos de crédito en el sistema financiero tradicional. Por eso, esta iniciativa implementa esquemas alternativos de financiamiento que consideran la capacidad real de pago de los trabajadores informales, empleadas domésticas, personas en economías precarias y otros sectores excluidos históricamente del mercado formal de vivienda.

Además del financiamiento, el programa contempla acciones de mejoramiento habitacional para familias que ya poseen una vivienda pero viven en condiciones de deterioro, inseguridad o falta de servicios básicos. Es decir, entiende que la dignidad habitacional no comienza con la construcción de nuevas casas, sino también reconociendo y mejorando las condiciones de quienes ya tienen un techo, aunque sea precario.

Un derecho que se construye desde la política pública

El trabajo coordinado entre la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el director del Infonavit evidencia que garantizar una vivienda digna requiere de decisión política, recursos financieros y coordinación institucional. En un país donde aproximadamente 12 millones de personas viven en viviendas inadecuadas, estas iniciativas no son un lujo sino una necesidad urgente.

El Programa Vivienda para el Bienestar se inscribe en una perspectiva de derechos: la vivienda no es una mercancía solo para quienes pueden pagarla en el mercado, sino un derecho que el Estado debe garantizar activamente, especialmente a los más vulnerables. En el Estado de México, donde habitan más de 17 millones de personas, este programa tiene el potencial de transformar la vida de decenas de miles de familias que actualmente habitan en condiciones que vulneran su dignidad humana.