Cuando la política de salud choca con la autonomía adulta
México enfrentó una paradoja que ahora llega a la Corte Suprema: ¿puede el Estado prohibir la venta de alimentos ultraprocesados en las universidades si sus consumidores son legalmente adultos? La pregunta, aparentemente simple, desmorona certezas que parecían sólidas hace apenas unos años y abre un espacio fecundo para reflexionar sobre los límites reales de las políticas públicas de salud.
La regulación de alimentos en instituciones educativas no es nueva en México. Desde 2014, el país implementó restricciones progresivas a la venta de comida chatarra en escuelas primarias y secundarias, respondiendo a datos alarmantes: según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 35% de los adolescentes mexicanos presentaban sobrepeso u obesidad. Esa cifra, combinada con la epidemia de enfermedades metabólicas, justificó intervenciones claras. Los niños y adolescentes, razonó el legislador, son poblaciones vulnerables que requieren protección estatal.
El salto hacia la educación superior: ¿dónde termina la custodia?
Pero algo cambió cuando estas restricciones se extendieron a universidades. Los estudiantes de nivel superior, en su mayoría mayores de 18 años, ocupan un espacio legal ambiguo: son adultos plenos ante la ley, con capacidad para votar, contraer matrimonio y firmar contratos. ¿Debería el Estado seguir regulando sus decisiones alimentarias como si fueran menores de edad?
Este es precisamente el punto que ha llevado el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos grupos, particularmente comerciales de alimentos y distribuidores, argumentan que la prohibición viola derechos constitucionales fundamentales: la libertad de comercio, la libre elección del consumidor y la autonomía individual. Su pregunta es directa: si reconocemos la mayoría de edad a los 18 años, ¿con qué autoridad el Estado continúa tomando decisiones paternalistas sobre qué pueden comer?
La otra cara del argumento: salud colectiva versus libertad individual
Del otro lado, defensores de salud pública sostienen que el contexto importa. Las universidades no son espacios de libre mercado: son instituciones públicas o privadas con responsabilidades educativas amplias. Si una universidad permite que sus cafeterías vendan bebidas azucaradas, no solo está comercializando productos, sino generando un ambiente que normaliza el consumo de alimentos nocivos precisamente cuando los estudiantes están formando hábitos que los acompañarán de por vida.
Además, existe un argumento de equidad. Los estudiantes universitarios de instituciones públicas—especialmente los de sectores socioeconómicos bajos—frecuentemente comen en las cafeterías de sus planteles. Si esos espacios ofrecen únicamente opciones ultraprocesadas, baratas y accesibles, ¿dónde queda la libertad de elección real? La autonomía sin opciones genuinas es una ilusión.
Una lección de América Latina: experiencias comparadas
México no está solo en este dilema. Chile, pionero en regulación alimentaria con su ley de etiquetado frontal desde 2016, enfrentó debates similares. Brasil, con sus políticas de promoción de alimentos naturales frente a ultraprocesados, ha sostenido que la responsabilidad estatal trasciende la edad legal cuando se trata de espacios institucionales. Colombia, por su parte, ha explorado regulaciones más flexibles que buscan equilibrio entre educación nutricional y libertad de consumo.
Lo interesante es que ninguno de estos países ha encontrado una respuesta perfecta. Todas las aproximaciones revelan tensiones genuinas: entre protección y paternalismo, entre salud pública y libertad comercial, entre responsabilidad estatal y autonomía individual.
Más allá de la prohibición: repensar la estrategia
Quizá la Corte, al revisar este caso, tenga la oportunidad de plantear una pregunta más profunda que la simple dicotomía permitir-prohibir. ¿Y si la solución no fuera eliminar alimentos específicos, sino transformar radicalmente cómo las universidades abordan la alimentación?
Instituciones progresistas en varios países han implementado modelos híbridos: permiten opciones diversas pero implementan sistemas de precios que desincentivan ultraprocesados, crean espacios de educación nutricional activa, capacitan a estudiantes sobre lectura de etiquetas y fomentan cooperativas de alimentos saludables. Estas estrategias respetan la autonomía adulta mientras reconocen responsabilidades institucionales.
El fondo del asunto: qué tipo de Estado queremos
La decisión de la Suprema Corte trascenderá los alimentos. Establecerá precedentes sobre cómo México entiende la relación entre Estado, ciudadanía y espacios institucionales. ¿Es legítimo que una institución pública establezca regulaciones que vayan más allá de lo obligatorio legalmente? ¿Dónde está el equilibrio entre proteger decisiones autónomas de adultos y fomentar ambientes que promuevan bienestar colectivo?
Lo esperanzador es que esta discusión llegue a tribunales. Significa que México está madurando en su capacidad de debatir públicamente las contradicciones inherentes a las políticas sociales. No hay respuestas simples. Pero una Corte que se atreva a replantear estas preguntas, que escuche argumentos sobre salud, libertad, equidad y autonomía, es una Corte que entiende que gobernar implica navegar tensiones, no resolverlas con prohibiciones verticales.
Sea cual sea la resolución, el verdadero desafío para México seguirá siendo el mismo: construir políticas de salud que protejan sin infantilizar, que regulen sin anular libertades, que reconozcan la complejidad de ser un Estado que enfrenta crises de salud pública genuinas sin caer en autoritarismo nutricional.
Información basada en reportes de: Xataka.com.mx
