El acceso al transporte público se ha convertido en un problema creciente para la población adulta mayor en América Latina. La situación en algunos países centroamericanos refleja un dilema que repercute también en México: los adultos mayores pagan pasaje en sistemas donde antes tenían descuentos o exenciones, lo que reduce su capacidad de movilidad y acceso a servicios esenciales.
La desaparición progresiva de rutas de transporte en zonas urbanas ha generado una crisis de accesibilidad para los ciudadanos de la tercera edad. En el caso de zonas como Luján, Escalante, México, La Cruz y San Cayetano, la retracción del servicio ha obligado a pensionados y jubilados a depender de opciones más costosas o simplemente a reducir sus desplazamientos. Para el lector mexicano, este fenómeno es particularmente relevante, ya que México enfrenta desafíos similares en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la consolidación de operadores de transporte ha llevado a cambios en políticas de tarifa social.
¿Por qué desaparecen las rutas de transporte?
La eliminación de líneas de autobús en barrios populares responde generalmente a decisiones de rentabilidad económica. Empresas operadoras de transporte argumentan que rutas con menor demanda generan pérdidas operativas, lo que las hace insostenibles bajo modelos de gestión privatizada. Sin embargo, esta lógica mercantil deja fuera de ecuación a sectores vulnerables como los adultos mayores, quienes dependen críticamente de transporte asequible para acceder a medicinas, consultas médicas, servicios bancarios y trámites administrativos.
El impacto no es solo económico. Cuando los adultos mayores pagan pasaje a tarifa completa o pierden acceso al transporte, se reduce su autonomía y se profundiza el aislamiento social. En México, organizaciones de derechos humanos han documentado que la movilidad limitada en adultos mayores está asociada a depresión, deterioro cognitivo más acelerado y menor calidad de vida.
Rutas críticas como San José-Curridabat: un caso emblemático
Cuando desaparecen conexiones importantes como la ruta San José-Curridabat, se rompen eslabones esenciales de conectividad urbana. Estas líneas no son meras rutas comerciales; son arterias que conectan zonas residenciales con centros de salud, mercados, instituciones públicas y empleos. Para los adultos mayores, especialmente aquellos con pensiones reducidas, la ausencia de estas rutas representa una barrera concreta para ejercer sus derechos básicos.
En contexto latinoamericano, este problema es endémico. Ciudades como São Paulo, Bogotá y Lima han enfrentado crisis similares de transporte público, donde la priorización de rentabilidad sobre accesibilidad social ha generado inequidad en la movilidad. México aún tiene oportunidad de aprender de estas experiencias y fortalecer protecciones normativas para pasajeros adultos mayores.
Impacto social y perspectiva mexicana
Para México, donde la población adulta mayor crece aceleradamente —proyecciones del INEGI indican que para 2030 habrá más de 14 millones de personas mayores de 60 años—, este tema adquiere urgencia. Si los adultos mayores pagan pasaje completo en sistemas donde antes tenían tarifas preferentes, se genera una carga financiera adicional sobre poblaciones que viven con pensiones insuficientes.
El costo promedio de transporte en ciudades mexicanas ronda entre 5 y 7 pesos por viaje. Para un pensionado que realiza cuatro viajes diarios, esto significa 20-28 pesos diarios, equivalentes a 600-840 pesos mensuales. En contexto de pensiones mínimas que rondan los 3,000 pesos mensuales, este gasto es significativo y compete directamente con gastos en alimentos y medicinas.
¿Qué alternativas existen?
Gobiernos municipales y estatales en América Latina han explorado soluciones: subsidios directos a operadores para mantener rutas sociales, tarjetas de transporte integrado con descuentos para adultos mayores, sistemas de transporte público de gestión estatal, y regulaciones que obligan a operadores privados a mantener cobertura en zonas de baja rentabilidad como contraparte a licencias de operación.
En México, la Ciudad de México mantiene un sistema de transporte que incluye tarifas reducidas para adultos mayores de 60 años en autobús, trolebús y RTP. Sin embargo, esta política no se replica uniformemente en todos los estados ni en sistemas de microbuses y transportes informales, donde se concentra gran parte de la demanda de la población vulnerable.
El desafío central es reconocer que el transporte público no es una mercancía, sino un servicio esencial ligado a derechos humanos: acceso a salud, a justicia, a participación social. Cuando los adultos mayores pagan pasaje completo sin subsidios compensatorios, se está tomando una decisión política sobre quién merece acceso y quién no. Esa decisión debe ser transparente y fundamentada en principios de equidad social, no solo en equilibrios financieros de empresas operadoras.
Información basada en reportes de: Nacion.com
