Cuando la casa se lleva el pan de la mesa

En las colonias populares de la Ciudad de México, en los barrios de Monterrey, en las periferias de Guadalajara, la historia se repite cada primer día del mes: familias que deben elegir entre pagar la renta o comprar medicinas. Entre el agua y la luz, o comer proteína. Entre mantener un techo sobre sus cabezas o invertir en la educación de los hijos.

Una investigación global de Habitat for Humanity acaba de cuantificar lo que millones de mexicanos viven en carne propia: tres de cada cuatro personas en el mundo están reduciendo drásticamente sus gastos en artículos esenciales para poder pagar la vivienda. No es un lujo que sacrifican. No es un capricho. Son necesidades básicas las que están desapareciendo de los hogares.

La crisis habitacional latinoamericana: raíces profundas

México enfrenta una de las peores crisis de acceso a vivienda digna de América Latina. Mientras los precios de las propiedades se disparan en ciudades como la capital y Monterrey, los salarios de la mayoría de los trabajadores permanecen congelados, incapaces de seguir el ritmo inflacionario de las rentas.

Según datos del INEGI, aproximadamente 4.5 millones de hogares mexicanos presentan hacinamiento, y casi 20 millones de personas viven en viviendas con características inadecuadas. Pero detrás de estos números hay historias concretas: la abuela que comparte cuarto con tres nietos, la pareja joven que paga el 60% de sus ingresos en renta, el trabajador informal que duerme en un cuarto sin ventilación.

El costo invisible de la vivienda

Lo que revela el estudio de Habitat for Humanity es especialmente preocupante porque documenta el costo oculto de esta crisis. No se trata solo de personas sin hogar o viviendo en la calle, aunque esa realidad también existe. Se trata de millones que tienen un lugar donde dormir pero que, para lograrlo, están comprometiendo su salud, nutrición y bienestar.

En México, esto se traduce en niños desnutridos porque el dinero de la canasta básica fue a la renta. Adultos mayores que no pueden comprar sus medicinas para la presión o la diabetes. Mujeres que posponen revisiones médicas preventivas. Estudiantes que abandonan la escuela para trabajar y ayudar con los gastos de la vivienda.

Las mujeres, más vulnerables

La brecha de género en esta crisis es innegable. Las mujeres jefas de hogar en México, que representan casi el 25% de los hogares, son particularmente vulnerables. Ganan menos que los hombres y enfrentan mayores limitaciones para acceder a créditos hipotecarios o mejores empleos. Muchas terminan en viviendas precarias, en alquiler informal, sin contrato, sin protección legal.

Para ellas, la ecuación de la vivienda es aún más cruel: trabajan más horas, ganan menos dinero y tienen que decidir si gastarlo en techo o en comida para sus hijos.

Políticas insuficientes ante la magnitud del problema

Los gobiernos mexicanos, federal y estatales, han intentado responder con programas de vivienda como INFONAVIT o Joven Ciudad. Pero estos programas llegan a una fracción de quienes los necesitan. Además, muchas familias no reúnen los requisitos: necesitan tener un empleo formal, tener ahorros para el enganche, comprobar ingresos estables.

Los trabajadores informales, que representan casi el 60% de la fuerza laboral mexicana, quedan fuera. Las comunidades indígenas quedan fuera. Los migrantes quedan fuera. Y esos son precisamente los sectores más vulnerables.

La deuda social que crece

Cuando las personas sacrifican comida por renta, nutrición por techo, medicinas por vivienda, están hipotecando su futuro. Un niño desnutrido tiene problemas cognitivos que lo acompañarán toda la vida. Un adulto sin acceso a medicinas desarrolla complicaciones de salud que lo hacen menos productivo. Una familia en estrés económico extremo sufre violencia, alcoholismo, ruptura del tejido social.

Es una deuda que cobra intereses altísimos en generaciones futuras.

¿Qué se necesita?

Expertos en derechos humanos advierten que la vivienda no es un artículo de lujo sino un derecho fundamental. Garantizarlo significa intervenir en el mercado inmobiliario, regular los precios de renta, crear opciones de vivienda social masiva, fortalecer el empleo formal.

Significa también escuchar a las comunidades, trabajar con organizaciones que ya están en el terreno, como las cooperativas de vivienda que existen en varios estados, y entender que no existe una solución única para un problema que tiene múltiples rostros.

Mientras se espera que los gobiernos actúen, millones de mexicanos siguen tomando decisiones imposibles cada mes. Siguen sacrificando lo elemental. Siguen viviendo una crisis que el mundo apenas comienza a medir en números, pero que ellos conocen de sobra en la dureza del día a día.

Información basada en reportes de: PRNewswire