El dilema de las estadísticas: cuando los números no reflejan la realidad

En el Estado de México, la inseguridad se ha convertido en una de las pruebas más difíciles para cualquier gobierno. No basta con presentar cifras a la baja ni con enumerar operativos. La verdadera dimensión del problema se encuentra en la vida cotidiana de millones de mexiquenses que salen a trabajar, utilizan el transporte público, regresan de noche a sus hogares y deben calcular sus movimientos en función del riesgo de ser víctimas de un delito.

Las cifras oficiales ofrecen dos realidades que deben analizarse al mismo tiempo. El Gobierno del Estado de México ha reportado avances en la reducción de delitos. Sin embargo, los indicadores de victimización y percepción ciudadana revelan que la preocupación por la seguridad sigue siendo extraordinariamente elevada. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 estimó una reducción de 15.5% en la incidencia delictiva por persona durante 2025. Es un dato relevante que debe reconocerse.

Pero el Congreso mexiquense también informó que alrededor de 90% de la población adulta considera inseguro vivir en la entidad y que 94.3% de los delitos no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación.

El miedo reescribe la vida cotidiana

Hay familias que evitan determinados trayectos. Comerciantes que cierran más temprano. Trabajadores que buscan llegar acompañados a sus hogares. Mujeres que comparten su ubicación durante el recorrido. Jóvenes que cambian sus horarios por temor a un asalto. Cada una de esas decisiones representa una restricción a la libertad cotidiana.

El INEGI incluye en sus encuestas precisamente los cambios de hábitos provocados por el temor al delito, así como los gastos que realizan los hogares para protegerse. La seguridad no se limita al número de denuncias: también afecta la economía familiar, la convivencia y el uso del espacio público.

Una sociedad no puede considerarse plenamente segura cuando sus habitantes necesitan organizar su vida alrededor del miedo. Y en el Estado de México esta discusión tiene una dimensión territorial enorme. No se vive la inseguridad de la misma manera en todos los municipios, colonias y comunidades. Las condiciones del transporte, la iluminación, la vigilancia, la presencia de grupos delictivos y la capacidad de respuesta de las autoridades varían de una zona a otra.

Los municipios de la zona oriente del corredor Texcoco-Los Reyes La Paz, que incluye Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, enfrentan particularmente estos desafíos.

El delito oculto: la cifra negra que las estadísticas olvidan

Uno de los datos más preocupantes es la cifra oculta de la delincuencia. La ENVIPE 2026 estimó que, a nivel nacional, 93.4% de los 33.8 millones de delitos ocurridos durante 2025 no se denunció o no dio lugar al inicio de una carpeta de investigación.

La magnitud del fenómeno revela un problema estructural: las estadísticas basadas exclusivamente en denuncias no alcanzan a describir toda la delincuencia que padecen los ciudadanos. Detrás de esa ausencia pueden existir desconfianza, trámites complicados, temor a represalias, falta de tiempo o la percepción de que denunciar no cambiará nada.

Cuando una víctima decide guardar silencio, el delito no desaparece. Lo que desaparece es una parte de la información necesaria para investigarlo, identificar patrones y diseñar políticas públicas eficaces. Por eso, recuperar la confianza en las fiscalías y en las policías es una tarea tan importante como desplegar patrullas.

La seguridad requiere más que operativos

El combate a la inseguridad requiere presencia policial, inteligencia, investigación criminal y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Pero también exige atender las condiciones que facilitan la comisión de delitos.

Una patrulla puede disuadir una conducta delictiva, pero no sustituye una investigación. Un operativo puede detener a determinados responsables, pero no desarticula automáticamente una red criminal. Una detención tampoco equivale a una sentencia.

El Estado de México necesita una estrategia que conecte la prevención con la procuración de justicia y la reinserción social, sin dejar espacios vacíos entre las instituciones. Eso significa fortalecer las policías municipales y estatales, mejorar sus capacidades de investigación, profesionalizar a sus integrantes, vigilar el uso de los recursos públicos y establecer mecanismos para detectar y sancionar la corrupción.

También significa intervenir en los entornos donde la delincuencia encuentra condiciones favorables: calles oscuras, espacios abandonados, zonas de transporte con vigilancia insuficiente y comunidades donde la respuesta institucional resulta tardía. La seguridad se construye antes de que ocurra el delito, reduciendo las oportunidades para cometerlo y aumentando la certeza de que habrá consecuencias.

El reto de Delfina Gómez: pasar de las cifras a la confianza

Para la administración de Delfina Gómez Álvarez, el desafío consiste en convertir los avances que reportan las estadísticas en una mejora sostenida, verificable y perceptible para la población. La respuesta no debe ser descalificar las cifras favorables ni minimizar las preocupaciones ciudadanas.

Debe consistir en explicar con precisión qué delitos disminuyeron, en qué municipios, durante qué periodos y mediante qué acciones. También debe transparentar dónde persisten los problemas y qué medidas se tomarán para corregirlos. La evaluación de una política de seguridad no puede depender únicamente de los informes del gobierno ni exclusivamente de las denuncias más alarmantes. Necesita indicadores comparables, información pública y resultados que puedan verificarse en el territorio.

La ciudadanía tiene derecho a exigir esa rendición de cuentas sin que su preocupación sea tratada como exageración ni las mejoras estadísticas sean descartadas por razones políticas.

La tranquilidad no se compra ni se decreta

El Estado de México necesita recuperar algo que no puede comprarse ni decretarse: la confianza de sus habitantes en que las instituciones pueden protegerlos. Esa confianza se construye cuando una persona denuncia y recibe respuesta; cuando un asalto es investigado; cuando una víctima obtiene justicia; cuando el transporte puede utilizarse sin temor y cuando las calles dejan de convertirse en territorios donde cada quien debe defenderse como pueda.

El éxito no consiste solamente en reducir una estadística. Consiste en que una familia pueda regresar a casa sin miedo, que un comerciante pueda abrir su negocio sin vivir bajo amenaza y que un ciudadano pueda caminar por su colonia sin sentir que está solo frente a la delincuencia. Mientras esa tranquilidad no se traduzca en experiencias verificables, las cifras seguirán siendo insuficientes para devolver la paz que los mexiquenses demandan.