El arte de legislar a favor de quien legisla
En los pasillos del poder legislativo latinoamericano existe un fenómeno que se repite con inquietante regularidad: la aprobación de cambios normativos que, aparentemente técnicos y procedimentales, terminan beneficiando directamente a quienes los promueven. Es el caso de las modificaciones recientes que ilustran cómo la piel gruesa del poder se endurece cada vez más.
Cuando los legisladores introducen límites estrictos a la interpretación de delitos relacionados con el abuso de autoridad, no están simplemente mejorando la precisión legal. Están construyendo muros invisibles alrededor de sus propias prerrogativas. Al acotar los tipos penales mediante criterios que eliminan la subjetividad, lo que realmente sucede es que se cierran las puertas a futuras persecuciones por conductas que hoy consideraríamos claramente abusivas.
La paradoja de la precisión legislativa
Existe una paradoja fundamental en este tipo de reformas: la demanda por mayor precisión en las leyes es legítima. Los sistemas jurídicos necesitan certeza. Pero cuando esa precisión se introduce precisamente para blindar conductas específicas de funcionarios públicos, deja de ser técnica y se convierte en estrategia política.
En varios países latinoamericanos hemos visto este patrón. Se comete un acto de corrupción o abuso. Llega el escrutinio público. Y entonces, como si fuera una maniobra de defensa anticipada, los legisladores aprueban reformas que hacen más difícil —o técnicamente imposible— castigar esa conducta en el futuro. Es como reescribir las reglas del juego después de que se ha cometido la falta.
El debate sobre la imagen institucional
Otro aspecto revelador es la incorporación de conceptos como la «utilización de la imagen institucional» como elemento delimitador. Este tipo de lenguaje es característico de un pensamiento que prioriza la reputación de las instituciones sobre la rendición de cuentas de los individuos que las integran.
La obsesión por proteger la imagen institucional se ha convertido en una coartada para evadir responsabilidades reales. Argumentan que investigar y castigar a funcionarios corruptos daña la confianza pública en las instituciones. Es un razonamiento invertido: lo que verdaderamente daña la confianza es la impunidad. La ciudadanía no confía en instituciones que se protegen a sí mismas, sino en aquellas que son capaces de autocorregirse.
Antecedentes de un patrón regional
Este fenómeno no es aislado ni nuevo. En México, Brasil, Guatemala y otros países hemos presenciado reformas legislativas que, bajo el disfraz de modernización normativa, terminaban cerrando caminos legales para perseguir corrupción de alto nivel. En algunos casos, incluso se han ampliado los beneficios de procedimientos alternativos para funcionarios acusados de delitos graves.
Lo preocupante es que estos cambios se introducen frecuentemente sin debate público suficiente. Se presentan como ajustes técnicos, casi administrativos, cuando en realidad reconfiguran el acceso a la justicia y los límites de la responsabilidad política.
¿Quién vigila a los vigilantes?
La pregunta fundamental que debe hacerse es: ¿quién decide qué conductas merecen castigo y cuáles no? Cuando son los propios funcionarios quienes escriben los códigos que los protegen, la respuesta es evidente. No es un sistema de frenos y contrapesos; es un sistema de autopromoción.
Una democracia robusta requiere que las reglas de juego sean establecidas por procesos genuinamente participativos, con escrutinio público real, con espacios para que la ciudadanía, la academia y organismos de derechos humanos examinen críticamente cada cambio. No reformas legislativas que pasan como expedientes rutinarios.
El llamado a la vigilancia permanente
Los ciudadanos y ciudadanas de América Latina deben prestar atención a estos movimientos legislativos. No son menores, no son técnicos, no son inocuos. Son manifestaciones de cómo el poder intenta perpetuarse mediante la reescritura de sus propias reglas.
La verdadera fortaleza institucional no viene de blindar a los funcionarios, sino de construir sistemas donde la corrupción sea costosa y donde la rendición de cuentas sea real. Mientras sigamos permitiendo que quienes ostentan el poder redacten las normas que los protegen, la piel gruesa del poder seguirá engrosándose, a costa de la erosión de nuestras democracias.
Información basada en reportes de: El Financiero
