Cuando la ley se ajusta al poder: los peligros de reformar delitos políticos
La política latinoamericana ha perfeccionado un arte particular: modificar la ley cuando ésta incomoda. No es conspiranoico afirmarlo. Es observación empírica. Y los recientes cambios legislativos respecto a los delitos de difamación institucional son un caso de manual que merece reflexión seria, más allá de la polarización partidista que inevitablemente los rodea.
Cuando un senador propone rebajar las penas por ofensas a instituciones públicas, o cuando se introducen criterios tan específicos que las interpretaciones quedan «cerradas» a consideraciones subjetivas, estamos ante un fenómeno que trasciende lo meramente técnico. Estamos viendo cómo se reformula la relación entre el poder y la crítica, entre el Estado y la ciudadanía.
El viejo truco de la «objetividad» legal
La estrategia es sofisticada. Se presenta como un avance: reducir la discrecionalidad judicial mediante criterios objetivos suena a garantía de certidumbre legal. Pero aquí está el detalle: quien define esos criterios y los acota es quien ostenta el poder legislativo. Y los legisladores no son árbitros neutrales flotando sobre las nubes. Tienen intereses, partidos, ambiciones.
En toda Latinoamérica hemos visto variaciones de este guión. En algunos países, se tipifican delitos de «ultraje a autoridades». En otros, se crean figuras legales contra la «desinformación» tan vagas que cualquier crítica política cabe en ellas. El propósito suele ser el mismo: crear un escudo legal que proteja a los gobernantes de la rendición de cuentas mediante mecanismos que formalmente parecen neutrales y técnicos.
La peligrosa erosión de la libertad de expresión
Lo que preocupa genuinamente no es que exista algún nivel de protección legal para las instituciones. Las democracias tienen límites. Pero esos límites deben estar al servicio de la convivencia, no del confort político de quienes gobiernan.
Cuando se reducen penas por ofensas institucionales, el mensaje que se envía es claro: criticar duramente al Estado tiene consecuencias manejables. ¿Manejables para quién? Para quien tiene poder. Un ciudadano común sin recursos legales significativos pensará dos veces antes de expresarse. Una organización de derechos humanos evaluará el riesgo de una demanda. Un medio de comunicación moderará su tono cuando la ley ofrece menos protección contra acusaciones.
Esto no es represión brutal con tanques en las calles. Es más sutil. Es represión de guante blanco, operada a través del sistema legal, que muchos respetuosamente aceptan porque formalmente cumple las reglas del juego.
El contexto regional que no podemos ignorar
En América Latina tenemos historia fresca de autoritarismo. Muchos de nuestros países salieron hace décadas de regímenes donde la crítica política era literalmente peligrosa. Las constituciones democráticas posteriores incorporaron protecciones específicas a la libertad de expresión precisamente porque sabemos qué ocurre cuando no existen.
Por eso es tan delicado el movimiento legislativo que vemos. No es un acto aislado. Es parte de una tendencia global donde gobiernos democráticamente elegidos erosionan gradualmente los mecanismos que contrabalancean su poder. En Hungría, en India, en el Perú, en distintos puntos del mapa, hemos visto cómo la democracia se vacía de contenido mientras mantiene sus formas.
La pregunta que debe ocuparnos
¿Beneficia realmente a la sociedad reducir las defensas legales contra críticas a instituciones públicas? ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
La respuesta es incómoda: gana quien tiene poder institucional. Pierden los ciudadanos que dependen de la libertad de expresión para vigilar ese poder. Pierden los medios independientes. Pierden las minorías que históricamente han usado la crítica política como herramienta de inclusión.
Las reformas legales técnicamente bien diseñadas pueden ser, paradójicamente, las más peligrosas. Porque nadie puede señalar un acto tiránico explícito. Todo se ve legítimo. Todo parece procedimiento normal. Pero el resultado final es una sociedad donde la libertad de expresión respira cada vez más difícil.
Lo que deberíamos estar discutiendo
Necesitamos un debate serio sobre dónde están los verdaderos límites de la crítica política. Pero ese debate debe tener un participante que casi nunca está en la mesa: los ciudadanos mismos, no sólo legisladores y abogados.
Y debería partir de una verdad incómoda: cuando quienes tienen poder legislativo son quienes se benefician de las leyes que aprueban, tenemos un conflicto de interés. Quizás no intencional. Quizás incluso justificado en la mente de quien lo propone. Pero conflicto de interés al fin.
La «piel gruesa del poder», como alguien ingeniosamente lo denominó, no necesita que la ley la proteja más. Necesita, todo lo contrario, que la sociedad tenga suficientes herramientas legales para cuestionarla. Ese es el fundamento de una democracia que respira, que vive, que no sólo existe sobre el papel.
Información basada en reportes de: El Financiero
