Cuando la ley se adapta al poder: el dilema de castigar sin ofender
Existe un fenómeno recurrente en América Latina que merece más atención de la que recibe: la capacidad de los poderosos para rediseñar las reglas que los rodean. No siempre mediante corrupción explícita, sino a través de modificaciones legislativas que, presentadas como aclaraciones técnicas, terminan construyendo espacios de impunidad.
Recientemente, un senador presentó cambios a la legislación penal que ilustran perfectamente este mecanismo. Las propuestas no solo redujeron las sanciones aplicables a ciertos delitos, sino que además añadieron restricciones tan específicas que cierran las puertas a interpretaciones amplias. En otras palabras: endurecieron los requisitos para que un delito sea considerado como tal.
Esto no es casualidad. Cuando se introduce elementos extraordinariamente precisos en una ley —como la exigencia de que debe probarse la utilización específica de símbolos institucionales— se está construyendo una trampa legal. Se crea la ilusión de objetividad mientras se levanta un muro de requisitos casi imposibles de cumplir.
La arquitectura del privilegio
La protección de las instituciones públicas es legítima. Las democracias necesitan resguardar su arquitectura, sus símbolos y sus funcionarios contra ataques que socaven su legitimidad. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿cuándo la protección se convierte en blindaje? ¿Cuándo defendemos la institución y cuándo simplemente estamos protegiendo a los individuos que la habitan temporalmente?
En varios países latinoamericanos hemos visto este patrón. México con sus reformas penales, Argentina con su legislación sobre seguridad, Brasil con sus interpretaciones constitucionales: existe una tendencia a que quienes ocupan posiciones de poder encuentren formas legales de reducir su vulnerabilidad penal. No es un rasgo de una ideología específica, sino una característica de cómo funciona el poder cuando no hay contrapesos suficientes.
Lo preocupante es la sofisticación del método. No se trata de abrogaciones brutales, sino de cirugías precisas. Se añaden palabras, se condicionan aplicaciones, se crean excepciones disfrazadas de claridades técnicas. El lego lee la ley y piensa: «tiene sentido, necesita probarse la intención». El abogado avezado sonríe porque entiende que acaba de volverse casi imposible de demostrar.
El costo democrático silencioso
Esto es particularmente grave porque opera en la sombra. Un ciudadano puede notar una represión brutal o una detención arbitraria. Pero ¿quién nota cuando la ley se reescribe para hacer más difícil que un funcionario responda por sus actos? Solo los especialistas, solo quienes leen las reformas con escepticismo. La mayoría sigue adelante, confiando en que la ley funciona.
Y aquí está el verdadero daño: la erosión lenta de la igualdad ante la ley. Si la arquitectura legal se va modificando para favorecer a quienes están adentro del sistema, mientras quienes están afuera siguen sometidos al peso total de la ley, entonces no tenemos un sistema legal. Tenemos un sistema de privilegios disfrazado de imparcialidad.
¿Qué deberíamos esperar?
La solución no es mantener penas desproporcionadas. Las democracias maduras revisan sus códigos penales constantemente para evitar excesos. Pero ese proceso debe ser genuinamente neutral, debe aplicarse a todos por igual, y debe aumentar los estándares de prueba sin crear laberintos imposibles.
En una democracia funcional, los legisladores deberían poder mirarse al espejo cuando introducen una reforma penal. Deberían poder imaginar esa reforma aplicada contra ellos mismos y sentir que el resultado es justo. Si no pueden hacerlo, entonces no es una reforma legal. Es un regalo envuelto en papeles de legalidad.
América Latina ha avanzado en muchos aspectos, pero la capacidad de los poderosos para adaptar las reglas a su conveniencia sigue siendo una enfermedad crónica. Y como todas las enfermedades crónicas, se agrava cuando nadie la nombra directamente. Por eso es necesario llamarla por su nombre: no es técnica legal, es privilegio institucionalizado.
Información basada en reportes de: El Financiero
