Ordenamiento urbano: la deuda pendiente del Estado de México
El reto del ordenamiento urbano en el Estado de México es monumental, pero también es la llave para acceder a mejores servicios y garantizar condiciones de vida dignas para la población. Sin embargo, buenos deseos no son suficientes: se requiere acción concreta y voluntad política real.
La administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez enfrenta una prueba decisiva. Para que los esfuerzos en materia de desarrollo urbano trasciendan y no se conviertan en otra promesa incumplida, es necesario atacar de raíz un problema que ha socavado el crecimiento ordenado de los municipios: la corrupción en la venta y fraccionamiento de tierras.
La corrupción, obstáculo silencioso
En municipios semiurbanos y semirrurales de la periferia capitalina, persisten prácticas que deterioran el ordenamiento territorial. Empresarios inmobiliarios, propietarios de tierras ejidales y funcionarios públicos operan en connivencia para vender y fraccionar espacios sin regulación, priorizando ganancias rápidas sobre el bienestar colectivo.
Estos negocios opacos no son asuntos menores: afectan directamente la estructura urbana, comprometen servicios como agua, drenaje y electricidad, y fragmentan comunidades que podrían ser productivas y prósperas si se desarrollaran con visión estratégica.
Del discurso a la acción
El gobierno estatal tiene una oportunidad histórica. Los municipios en cuestión, aunque aún retienen características rurales, siguen siendo económicamente productivos y estratégicos para la región. Planificar su crecimiento de manera ordenada podría convertirlos en modelos de desarrollo incluyente.
Pero esto exige algo que no aparece en ningún discurso de campaña: la voluntad de romper los círculos de corrupción enquistados en gobiernos municipales. Sin limpiar esa lacra, ningún plan urbano funcionará.
Lo que está en juego
La población del Estado de México espera servicios públicos de calidad: calles seguras, agua potable confiable, espacios públicos dignos. Todos estos servicios dependen de un territorio ordenado. Un ordenamiento urbano real es la base sobre la que se construyen ciudades vivibles.
La pregunta no es si el gobierno puede hacerlo. La pregunta es si tiene el coraje político para confrontar a los actores que lucran con el desorden. La respuesta determinará si esta administración deja un legado de desarrollo genuino o se suma a la larga lista de promesas incumplidas.