La trampa de la ‘precisión’ legal
En los últimos años, América Latina ha experimentado una paradoja incómoda: mientras crece el descontento ciudadano con la corrupción y los abusos de poder, los propios legisladores impulsan reformas que, bajo la promesa de ‘mayor claridad jurídica’, terminan reduciendo las consecuencias para quienes cometen estos delitos. Este fenómeno merece nuestra atención, no porque sea nuevo, sino porque revela cómo la sofisticación legal puede ser una herramienta tan efectiva como la represión directa.
La reciente modificación de tipos penales relacionados con el abuso del poder institucional ilustra perfectamente este dilema. Cuando se arguye que una ley necesita ser ‘más específica’ para evitar ‘interpretaciones subjetivas’, estamos frente a un argumento que suena técnico, almost neutral. Pero aquí está lo crucial: toda acotación de un delito también es una acotación de la protección que ofrece.
El legítimo escudo de la ambigüedad
Existe una creencia generalizada de que la precisión legal siempre es virtuosa. En teoría, tiene sentido: nadie debería ser procesado por algo vago o indefinido. El problema emerge cuando esa precisión opera selectivamente, beneficiando a quienes tienen poder para ‘trabajar dentro de los márgenes’ de la ley. Un ejecutivo comprende perfectamente dónde está la línea; un ciudadano común, frecuentemente, no.
En el contexto de delitos contra la administración pública, esta dinámica es particularmente peligrosa. Cuando se reduce la pena y simultáneamente se ‘acotan’ los elementos constitutivos del delito mediante criterios restrictivos, se logra algo aparentemente admirable: ‘objetividad’. En la práctica, se logra impunidad con elegancia burocrática.
El patrón latinoamericano
No es casual que estas reformas emerjan precisamente cuando políticos de cierto perfil enfrentan investigaciones o juicios. Argentina, México, Perú y Colombia han visto cómo modificaciones ‘técnicas’ al código penal coinciden convenientemente con cambios de gobierno o alteraciones en las correlaciones políticas. Esto no es conspiración; es mecánica política visible para cualquiera que se tome tiempo de observar.
Lo preocupante es que existe un argumento que respalda estas medidas y que, superficialmente, no es fácil rebatir: ‘Las leyes deben ser claras’. Es cierto. Pero la claridad no requiere necesariamente debilitamiento. Una ley clara puede establecer que ‘usar indebidamente la imagen institucional para fines personales constituye delito’ sin necesidad de especificar minuciosamente cada caso particular. La jurisprudencia existe precisamente para eso.
¿Quién se beneficia del olvido institucional?
Cuando se reforma un delito que protege instituciones públicas justo cuando alguien vinculado al poder es investigado por cometerlo, la coincidencia temporal no es inocente. Lo importante es preguntarse: ¿esta reforma protege al ciudadano promedio o al político con recursos para litigar? ¿Hace más accesible la justicia o más selectiva?
La historia sugiere respuestas incómodas. Las reformas penales que ‘moderan’ delitos de abuso de poder rara vez benefician a quienes sufren ese abuso. Benefician a quienes lo cometen y cuentan con herramientas legales para navegarlas.
La pregunta que debemos hacer
Antes de aplaudir cualquier reforma que prometa ‘mayor objetividad’, conviene preguntarse: ¿A quién protege realmente? Si la respuesta implica que el poder tiene menos consecuencias cuando abusa de su legitimidad institucional, entonces no es reforma. Es amnistía disfrazada de técnica jurídica.
La democracia no se fortalece por códigos más cortos o más ‘claros’. Se fortalece cuando sus instituciones tienen la capacidad—y la voluntad política—de protegerse a sí mismas de quienes pretenden usarlas para intereses personales. Todo lo demás es ilusión legal.
Información basada en reportes de: El Financiero
