La parálisis de los gobiernos frente al cambio fiscal
Existe una paradoja incómoda en la política contemporánea: los gobiernos que se proclaman progresistas, que llegan al poder con promesas de reducir desigualdades y construir economías más justas, raramente tocan el andamiaje fiscal que sostiene el status quo. No es casualidad. Es una elección deliberada, aunque raramente admitida en público.
Cuando una reconocida economista que asesora a gobiernos de la talla del español o brasileño se atreve a nombrar esta realidad sin filtros —señalando que falta el valor político necesario para verdaderas transformaciones tributarias— está exponiendo una verdad que muchos prefieren mantener en la sombra. Y tiene razón en hacerlo así, sin eufemismos.
El sistema tributario como espejo de poder
El sistema fiscal de una nación no es un tecnicismo económico más. Es, fundamentalmente, un reflejo de quién manda y quién paga. Cada deducción, cada alícuota diferenciada, cada régimen especial representa una decisión política sobre dónde recae la carga de financiar lo público. Y aquí es donde la brújula política de muchos gobiernos progresistas señala hacia direcciones contradictorias.
En América Latina, la historia es particularmente instructiva. Hemos visto gobiernos de izquierda que llegaron con mandatos claros de redistribución: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula en su primer ciclo. Algunos lograron avances redistributivos genuinos. Otros, sin embargo, descubrieron una incómoda verdad en el ejercicio del poder: tocar los intereses de la clase económica dominante requiere un precio político que no todos están dispuestos a pagar.
Las excusas que justifican la inacción
Los argumentos son predecibles. «No es el momento económico». «Hay que evitar la fuga de capitales». «La inversión privada podría asustarse». «Primero necesitamos estabilidad». Estas narrativas, repetidas mil veces en salones de gobiernos progresistas, funcionan como anestesia política. Adormecen la indignación de las bases electorales que votaron por cambio real.
Lo perverso es que estas excusas, aunque contienen fragmentos de verdad económica, ocultan una decisión de fondo: la priorización del consenso con las élites sobre la transformación que prometió el discurso electoral. Es más cómodo mantener un sistema fiscal que todos entienden, aunque sea injusto, que arriesgar la estabilidad —y la propia gobernabilidad— con reformas radicales.
¿Qué cambio estructural se requeriría?
Hablar de coraje fiscal real significa contemplar reformas que van mucho más allá de subir impuestos. Implicaría: tributación progresiva verdadera que castigue la acumulación de riqueza improductiva, cierre de brechas entre tributación de personas físicas y empresariales, eliminación de regímenes especiales que benefician sectores concentrados, regularización de economía informal para ampliar la base tributaria sin aumentar alícuotas.
Latinoamérica, región de históricas inequidades, necesitaría especialmente: impuestos sobre ganancias extraordinarias en sectores extractivos, regulación de flujos financieros hacia paraísos fiscales, gravámenes a transacciones especulativas, fortalecimiento del catastro para tributación inmobiliaria efectiva.
El costo real de la inacción
Cada año que pasa sin reformas fiscales profundas, la brecha de desigualdad se perpetúa. No mediante inacción pasiva, sino mediante decisión activa de gobiernos que optan por mantener estructuras tributarias regressivas o insuficientemente progresivas. El costo recae siempre en los mismos: educación pública deficiente, salud universal incompleta, infraestructuras envejecidas, servicios públicos precarizados.
La pregunta que debe hacerse cualquier ciudadano es incómoda pero necesaria: ¿cuál es la diferencia entre un gobierno conservador que no reforma el sistema fiscal y uno progresista que llega al poder pero descubre que «no es posible»? La diferencia, en términos concretos para quien necesita servicios públicos, se reduce casi a la retórica.
Una invitación al pensamiento crítico
No se trata aquí de dogmatismo ideológico ni de ingenua creencia en que todas las reformas tributarias funcionan automáticamente. La reforma fiscal es compleja, requiere expertise genuina y cálculos estratégicos. Pero la complejidad no debe ser excusa para la parálisis.
Lo que propone una reflexión seria es que exijamos a nuestros gobiernos progresistas claridad absoluta: si no pueden reformar el sistema fiscal, que digan por qué, con argumentos específicos, no con evasivas. Y si pueden, que asuman el costo político en lugar de esconderse en la gestión administrativa cotidiana.
El cambio económico real no llega por osmosis. Requiere acción deliberada. Requiere, efectivamente, coraje. La pregunta sigue siendo válida: ¿dónde están los gobiernos dispuestos a demostrarlo?
Información basada en reportes de: Eldiario.es
