Poder Ciudadano exige análisis profundo de cambios en el INE que debilitan controles electorales

La organización ciudadana Poder Ciudadano ha hecho un llamado urgente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que analice a fondo las impugnaciones presentadas contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, aprobada por el INE. La advertencia surge ante el riesgo de que se desechen las demandas de organizaciones de la sociedad civil sin examinar el fondo de modificaciones que podrían comprometer la integridad del proceso electoral de 2027.

«No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable a nuestra posición. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo de las modificaciones y determine si conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad que requiere una elección nacional», señala Gaby Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano.

¿Qué cambios cuestiona la sociedad civil?

Poder Ciudadano ha identificado un conjunto de modificaciones que, consideradas de manera acumulativa, podrían reducir los márgenes preventivos con los que se integran las mesas de casilla. Los cambios incluyen:

  • Reducción de capacitación: Se eliminaron ocho días en los periodos de capacitación electoral (tres en la primera etapa y cinco en la segunda).
  • Cambio en la selección de funcionarios: Se sustituyó el mínimo anterior de revisitas y la garantía de contar con dos personas aptas por funcionario requerido por un «número óptimo» calculado con datos históricos.
  • Incorporación de nuevas secciones: Ahora es posible incorporar secciones con estrategia diferenciada nivel 2 sin autorización previa del Consejo Distrital.
  • Verificación debilitada: Se reemplazó la compulsa institucional con bases de datos por una simple declaración bajo protesta de decir verdad para verificar que los designados no sean servidores públicos impedidos.
  • Eliminación de procedimientos sancionadores: Se canceló el inicio automático de procedimientos cuando aspirantes a supervisores aparecen en padrones de partidos políticos.
  • Reconfiguración de criterios: El examen redujo su peso de 60 a 50 por ciento de la calificación, mientras que la entrevista aumentó de 40 a 50 por ciento.

Datos preocupantes de procesos anteriores

La organización ciudadana respalda su preocupación con evidencia histórica. Según información presentada en el Consejo General del INE, la proporción de personas propietarias designadas que efectivamente integraron las mesas de casilla ha disminuido consistentemente:

  • De 92.26 por ciento en 2017-2018
  • A 89.35 por ciento en 2020-2021
  • A 88.28 por ciento en 2023-2024

Paralelamente, ha aumentado la participación de ciudadanía tomada de la fila, lo que requiere mecanismos extraordinarios. Durante el proceso 2023-2024 se registraron 18 mil 245 sustituciones de supervisores y capacitadores electorales, lo que obligó a emitir mil 465 convocatorias adicionales.

Diferencia entre demandas: ciudadana vs. partidista

Poder Ciudadano aclara que su impugnación tiene un alcance distinto al recurso presentado por el Partido Acción Nacional. Mientras el planteamiento partidista se concentra específicamente en la vigilancia de entrevistas a aspirantes a supervisores y capacitadores, la demanda ciudadana cuestiona el conjunto más amplio de modificaciones que, en su totalidad, podrían reducir los controles preventivos del proceso.

El reclamo: participación ciudadana más allá del voto

«La participación ciudadana no debería limitarse al día de la votación; también debe poder vigilar las reglas con las que se organiza el proceso», enfatiza Sterling. La organización reconoce que el INE debe responder a necesidades presupuestales y operativas de una elección de gran magnitud, pero insiste en que la eficiencia administrativa debe acompañarse de evidencia técnica suficiente.

«Estos antecedentes hacen necesario que el Tribunal examine si los nuevos procedimientos fortalecen la organización electoral o reducen controles que fueron construidos para evitar decisiones discrecionales. Desechar la demanda impediría que esa discusión se produzca desde la perspectiva de la ciudadanía», agrega la presidenta de Poder Ciudadano.

Un llamado a fortalecer instituciones

Poder Ciudadano subraya que las organizaciones de la sociedad civil tienen una función legítima en la observación, vigilancia y defensa de la integridad electoral. Reconocer esa participación fortalece a las instituciones y permite que decisiones técnicas de gran trascendencia sean sometidas a un escrutinio público y jurisdiccional más amplio.

La organización reitera su respeto a la autonomía del TEPJF y expresa confianza en que la Sala Superior valore la importancia de garantizar vías efectivas de participación ciudadana antes de que comience la aplicación de la nueva estrategia de capacitación electoral para los comicios de 2027.