Congreso mexiquense aprueba obligatoriedad de Atlas de Riesgos en municipios
Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso del Estado de México avalaron una iniciativa legislativa que busca fortalecer la prevención de desastres naturales en los 125 municipios de la entidad. La propuesta del diputado Valentín Martínez Castillo (Morena) plantea reformas tanto a la Constitución federal como a la Ley General de Protección Civil.
De ser aprobada por el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, esta iniciativa será remitida al Congreso de la Unión para su análisis y posterior dictamen.
¿Qué cambios propone la iniciativa?
La propuesta establece que los municipios tendrán la obligación de elaborar sus Atlas de Riesgos y actualizarlos anualmente, a más tardar en marzo de cada año. Además, estos documentos deberán integrarse al Sistema Nacional de Protección Civil dentro de los primeros 180 días naturales contados a partir del inicio del periodo constitucional de cada gobierno municipal.
Otro aspecto relevante es que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) será la institución encargada de supervisar la elaboración y actualización de los atlas de riesgos locales. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones que aún no cuenten con este instrumento tendrán un plazo máximo de 180 días naturales para elaborarlo y presentarlo ante la autoridad estatal de protección civil.
Beneficios de los Atlas de Riesgos
El diputado Martínez Castillo explicó que estos instrumentos cumplen funciones vitales para la protección de la población. Los Atlas de Riesgos permiten informar a los ciudadanos sobre las zonas peligrosas en sus comunidades, establecer criterios de prevención a corto, mediano y largo plazo, y proteger tanto la vida como el patrimonio de las familias ante fenómenos naturales, socavones e inundaciones.
Asimismo, destacó que estos documentos sirven como herramientas para evitar autorizaciones de construcciones en zonas de alto riesgo, limitando así la exposición de nuevos asentamientos a peligros potenciales.
Advertencias sobre negligencias municipales
El diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), quien presidió la reunión de las comisiones unidas, enfatizó la necesidad de que los 125 ayuntamientos asuman plenamente su responsabilidad. Advirtió sobre la práctica de autorizar viviendas, negocios y cambios de uso de suelo en zonas expuestas a inundaciones o desbordamientos de canales, en lugar de actuar de manera preventiva.
Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas identificó problemas estructurales en muchos municipios: comisiones de Protección Civil que no se instalan, no sesionan o carecen de seguimiento, además de la omisión sistemática en la actualización de los atlas de riesgos. Esta negligencia agrava los peligros para familias que viven en barrancas, cerros, zonas de ductos de combustible y lugares propensos a derrumbes, socavones e inundaciones, como ocurre en municipios como Ecatepec.
Prevención y coordinación interinstitucional
La diputada Paola Jiménez Hernández subrayó que contar con un Atlas de Riesgos actualizado es fundamental para prevenir afectaciones por desastres naturales. Destacó que estas acciones requieren responsabilidad de las alcaldías y coordinación permanente con las autoridades estatales de Protección Civil.
La legisladora Selina Trujillo Arizmendi agregó que la identificación de poblados vulnerables permitiría a los ayuntamientos orientar recursos hacia obras prioritarias de drenaje e infraestructura pluvial para prevenir inundaciones. Mencionó casos específicos como los riesgos en barrancas, terrenos inestables y edificios de la Unidad Habitacional Tepozanes, en La Paz, cuya atención requiere la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno.
Próximos pasos
La iniciativa ahora debe ser votada por el Pleno de la LXII Legislatura del Estado de México. De obtener la aprobación, será remitida al Congreso de la Unión para su análisis como reforma constitucional, iniciando un proceso legislativo a nivel federal que podría transformar significativamente los mecanismos de prevención de desastres en todo el país.
