La brecha que nadie quiere cerrar

México lleva casi una década en punto muerto. No es una exageración dramática de titular: es la cruda realidad de un país que se quedó mirando mientras sus vecinos y competidores globales construyeron muros legales para proteger a sus ciudadanos en internet.

Hace seis años que debería existir un marco legislativo robusto para la protección digital en México. Seis años es suficiente para que una startup se convierta en unicornio, para que una generación de niños crezca completamente online, para que millones de mexicanos hayan compartido datos sensibles decenas de veces sin saber a quién exactamente se los estaban entregando.

Pero aquí seguimos, atrapados en una discusión que parece sacada de una novela de Kafka: ¿quién vigila a los vigilantes?

El eterno debate de la competencia

La pregunta suena simple en la superficie. Compleja en la práctica. Cada actor del ecosistema político y corporativo tiene una respuesta diferente, y precisamente por eso no hay respuesta.

¿Debería ser la Profedet, la autoridad de competencia económica? ¿Una entidad nueva dedicada exclusivamente a datos personales? ¿Múltiples organismos coordinados? Mientras estos debates avanzan a velocidad de tortuga en comisiones parlamentarias, las plataformas digitales operan en un limbo regulatorio que es, honestamente, el escenario ideal para cualquier empresa que quiera maximizar extracción de datos sin consecuencias claras.

Este no es un problema únicamente mexicano, pero México lo ha convertido en un arte. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) entró en vigor hace seis años y cambió para siempre cómo las empresas tratan los datos. En América Latina, países como Colombia y Chile han avanzado significativamente en marcos más modernos.

Qué dice realmente el silencio legislativo

Cuando un país no legisla sobre algo tan fundamental como la privacidad digital en plataformas, está tomando una decisión. Esa decisión es: las empresas pueden seguir como están. Y eso es, en efecto, una decisión política.

Los mexicanos están generando datos constantemente. En aplicaciones de entrega, en redes sociales, en apps bancarias, en sistemas de streaming. Cada interacción produce información sobre quiénes son, qué compran, dónde van, qué opinan, a quién aman, qué enfermedad pueden tener. Ese es petróleo digital de altísimo valor, y México permite que se extraiga sin regulación clara.

Las empresas, por supuesto, dirán que operan bajo las reglas existentes. Es técnicamente verdad. La Ley Federal de Protección de Datos Personales existe desde 2010, pero fue construida para un internet que ya no existe. Las redes sociales no existían como las conocemos. Los algoritmos de recomendación no eran la industria de miles de millones que son hoy. El comercio digital era anecdótico.

El efecto dominó latinoamericano

Lo preocupante no es solo el retraso mexicano en números absolutos. Es que México es la segunda economía de América Latina y un puente comercial crucial con Norteamérica. Ese rezago exporta un mensaje: la región sigue siendo un sitio donde la regulación digital es aspiracional, no urgente.

Mientras tanto, sus usuarios pagan el costo real. En datos hackeados, en perfiles discriminatorios, en algoritmos que nadie entiende pero que determinan qué contenido ven, a quién se les otorga un crédito, qué precio pagan por lo mismo.

¿Cuándo termina esta película?

La verdadera pregunta no es solo quién vigilará. Es por qué México ha permitido que una pregunta importante se convierta en excusa para no hacer nada. Otros países no tenían respuestas perfectas y legislaron de todas formas. Ajustaron después. Aprendieron en el camino.

México parece esperar la respuesta perfecta. Mientras tanto, seis años se convirtieron en casi una década. Y el mundo digital no espera.

Información basada en reportes de: El Financiero