La revolución fiscal que nadie se atreve a hacer
Existe una paradoja incómoda en la política económica contemporánea: los gobiernos que se declaran progresistas, que hablan de justicia social y redistribución, raramente cuestionan de raíz la estructura tributaria que heredaron. Es como si tuvieran un manual de reformas moderadas y temieran salirse de él.
La advertencia de economistas como Mariana Mazzucato es directa y desafiante. No se trata de ajustes cosméticos a los impuestos existentes, ni de cerrar algunas brechas de evasión, sino de repensar completamente cómo financiamos lo público. Es una invitación a romper con la inercia, y también una crítica velada: los gobiernos carecen del coraje político para hacerlo.
En América Latina, esta timidez es especialmente evidente. Gobiernos que llegaron al poder prometiendo cambios profundos terminan navegando dentro de los mismos límites que sus predecesores. Chile, Perú, Colombia, Argentina: en todos estos países existe una tensión irresuelta entre la demanda social de mayor equidad y la estructura tributaria que perpetúa desigualdades. Las alícuotas nominales pueden ser progresivas sobre el papel, pero los mecanismos de evasión, los beneficios sectoriales y las exenciones convierten la realidad en algo muy diferente.
El fantasma de la fuga de capitales
¿Qué explica esta parálisis? Parte de la respuesta está en el miedo estructural. Las élites económicas —que en nuestro continente tienen capacidad real de presión política— amenazan constantemente con trasladar inversiones o capitales si se modifican las reglas del juego. Es un chantaje que funciona porque los gobiernos lo creen. O, más precisamente, porque políticamente es más cómodo creerlo que enfrentarlo.
Pero hay algo más profundo: la captura intelectual de la política económica por una narrativa específica. Durante cuatro décadas, los hacedores de políticas fueron socializados en la idea de que los impuestos son distorsionadores, que la inversión privada es el motor del crecimiento, y que la redistribución debe ser residual, no estructural. Cambiar esto requiere no solo valentía política, sino también el esfuerzo mental de reconocer que se construyó sobre premisas cuestionables.
¿Qué sugiere la evidencia?
Los países que han logrado sistemas tributarios más equitativos no llegaron allí por generación espontánea. Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia: cada uno de estos casos implicó conflicto, negociación y, en algún punto, gobiernos dispuestos a desafiar narrativas dominantes. No fue fácil, y tampoco fue una decisión tomada en despachos de economistas. Fue resultado de presión social organizada.
En Latinoamérica, la presión está ahí. Las calles han gritado por equidad fiscal. Pero la transformación de esa demanda en política pública requiere algo que parece escasear: liderazgo que lea la historia no como una serie de restricciones inevitables, sino como un espacio de posibilidades.
La pregunta que importa
No se trata de elegir entre recaudación y crecimiento, como sugiere el discurso dominante. Se trata de preguntarse qué tipo de economía queremos construir. Si seguimos aceptando que los gobiernos están estructuralmente atados a los intereses del capital especulativo, entonces sí, no hay coraje que alcance. Pero si reconocemos que la arquitectura tributaria es una decisión política, no una ley de la naturaleza, entonces el problema deja de ser la valentía de los gobernantes y se convierte en nuestra propia capacidad de exigencia.
Mazzucato tiene razón en diagnosticar la falta de audacia. Pero la pregunta que deberíamos formularnos es más incómoda: ¿qué tanto nosotros, como ciudadanía, hemos exigido realmente? ¿O también hemos aceptado la narrativa de que no hay alternativa?
Información basada en reportes de: Eldiario.es
