Inseguridad sin tregua en instituciones educativas de Chalco
La inseguridad en México no respeta espacios ni horarios. Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno insisten en que los índices delictivos han disminuido, la realidad que viven miles de ciudadanos es muy diferente. Los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco son apenas un ejemplo de cómo la delincuencia ha mutado, se ha especializado y se ensaña con poblaciones vulnerables que, día a día, corren riesgos que las instituciones públicas no pueden—o no quieren—controlar.
El rostro actual de la delincuencia: asaltos a estudiantes
Los jóvenes de las instituciones educativas de Chalco viven bajo constante amenaza. Poseedores de dispositivos tecnológicos de alto valor—smartphones, tablets y computadoras portátiles—se han convertido en blancos perfectos para bandas delictivas que operan a cualquier hora del día. Los asaltos y amenazas se han vuelto tan frecuentes que la paciencia estudiantil llegó a su límite.
Harto de la situación, los estudiantes del Tecnológico levantaron la voz y exigieron respuesta inmediata a la presidenta municipal, Abigail Sánchez. Sus demandas son claras: presencia policiaca permanente, 24 horas al día, que garantice su integridad física y económica. No son peticiones caprichosas, sino medidas de sobrevivencia en un contexto donde la delincuencia no descansa.
¿Dónde está la autoridad educativa?
Lo preocupante no es solo la inacción de las corporaciones policiales. Las autoridades del Tecnológico tampoco han asumido su responsabilidad. Directores y administrativos mantienen un silencio cómplice ante el abandono de sus estudiantes, como si la seguridad integral fuera responsabilidad exclusiva de otros. Esta apatía contrasta duramente con el discurso que proclaman durante inauguraciones de ciclos escolares o en operativos de seguridad orquestados únicamente en fechas estratégicas.
El problema se replica en otras instituciones educativas. La Escuela Normal de Chalco también ha levantado la mano demandando seguridad, sumándose a un coro de voces que claman por protección. Son dos espacios académicos, pero la realidad afecta a estudiantes de casi todos los municipios del país.
El discurso vacío de la seguridad
Las autoridades municipales, estatales y federales se llenan la boca hablando de operativos de seguridad, despliegues de personal y equipamiento. Pero ¿qué pasa después? El resto del año, esa seguridad desaparece. Ni siquiera durante periodos vacacionales se mantiene vigilancia en las escuelas, lo que ha generado saqueos masivos reportados solo cuando docentes y administrativos regresan a los centros educativos.
Mientras tanto, la nueva Universidad Rosario Castellanos inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum parece tener otra suerte. ¿Será que el interés en seguridad se limita a las instituciones de reciente creación? ¿O simplemente hay una falta de capacidad institucional para responder a estos retos?
El nudo gordiano de la responsabilidad
Autoridades escolares y gobiernos municipales se echan la bolita: uno argumenta que no invade la responsabilidad del otro, mientras los estudiantes quedan en el limbo. En este juego de responsabilidades difusas, nadie actúa. La apatía sistemática ha permitido que la delincuencia se especialice aún más, enfocándose en poblaciones que, aparentemente, son menos rentables para ciertos delitos de alto impacto, pero representan un negocio seguro para bandas dedicadas a asaltos.
Los jóvenes de Chalco no piden favores. Piden lo fundamental: seguridad. Piden que sus autoridades cumplan con la responsabilidad básica de gobernar, que según el expresidente argentino Fernando de la Rúa, consiste en «armonizar los intereses en una sociedad para el bien de todos».
¿Hasta cuándo la paciencia?
La situación ya rebasó los límites de tolerancia estudiantil. Si las autoridades no responden de inmediato con acciones concretas—no con promesas—es probable que la situación escale a protestas más contundentes. Los jóvenes han mostrado civismo al presentar sus demandas por canales formales. Es hora de que las instituciones públicas correspondan con hechos, no con discursos.


