El diputado Gilberto Daniel Castillo García (Morena), secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, realizó este jueves la mesa de trabajo «Prevención, persecución y atención integral de la trata de personas», un espacio que reunió a académicos, especialistas y sociedad civil para construir una propuesta legislativa seria, responsable y sensible a la realidad de quienes han padecido este delito.

La iniciativa busca nutrir la legislación no solo desde el Congreso, sino desde el diálogo directo con ciudadanía, especialistas, academia e instituciones que trabajan cotidianamente en la prevención y combate de la trata de personas en México.

Un delito que afecta a miles de mexicanos

Castillo García subrayó que la trata de personas constituye uno de los problemas públicos más graves a nivel mundial y uno de los delitos más atroces que puede padecer la sociedad. Afecta a mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, particularmente en contextos de vulnerabilidad marcados por la pobreza, violencia, desigualdad, exclusión social y falta de oportunidades.

«Estas circunstancias pueden incrementar la exposición de las personas al engaño, al sometimiento y a distintas formas de explotación. Hablar de trata de personas no significa referirnos únicamente a cifras o expedientes, significa hablar de vidas, familias y de derechos profundamente vulnerados», expresó el legislador.

Modalidades invisibilizadas del delito

Aunque la explotación sexual es la modalidad más visible, el diputado precisó que la trata puede presentarse también en trabajos forzosos, servidumbre doméstica, mendicidad forzada, explotación de menores, extracción de órganos y otras formas. Se trata de un delito complejo y multifacético capaz de afectar a personas de cualquier edad, condición social o lugar de origen.

El diputado Fernando Mendoza Arce (Morena) agregó datos concretos del problema: la explotación sexual representa el 56 por ciento de los casos, mientras que mujeres y niñas constituyen el 67 por ciento de las víctimas y hombres el 32 por ciento. Las modalidades invisibilizadas, como el trabajo forzado y reclutamiento, proliferan por falta de oferta laboral y el entorno digital.

El problema: falta de aplicación de leyes existentes

Mendoza Arce señaló un problema crítico: «No carecemos de leyes, carecemos de capacidad para hacerlas cumplir». A pesar de que México cuenta con más de 6 mil carpetas de investigación en la materia, las sentencias condenatorias son mínimas.

Entre los mecanismos existentes destaca la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas, que ha recibido más de 26 mil reportes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de mil 400 cuentas vinculadas con 144 millones de pesos; sin embargo, el combate al delito sigue siendo principalmente penal, sin atacar el financiamiento que sostiene a las redes criminales.

Tres frentes concretos de acción

Los legisladores identificaron tres frentes de trabajo inmediato:

1. Golpear el financiamiento criminal e incorporar formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

2. Actualizar el tipo penal para considerar el modus operandi digital como agravante específico, dado que la captación de menores ocurre principalmente en redes sociales, chats y videojuegos.

3. Brindar atención a las víctimas con estándares verificables, garantizando confidencialidad en refugios, exigiendo cédula profesional al personal que atiende y etiquetando recursos con indicadores de ejercicio verificables en el Presupuesto de Egresos.

Construcción colectiva frente a la vulnerabilidad

Castillo García enfatizó que este espacio no es solo un intercambio de opiniones, sino «un verdadero ejercicio de escucha, reflexión y construcción colectiva». El objetivo es avanzar hacia una propuesta que fortalezca los mecanismos de protección, atención integral, recuperación y restitución de derechos para quienes han sufrido las consecuencias de este grave delito.

Mendoza Arce concluyó con una reflexión contundente: «La trata convierte la dignidad humana en mercancía, porque el Estado aún no ha logrado que el costo de hacerlo supere la ganancia. Nuestra aportación más valiosa no es una nueva ley, sino cerrar los huecos que hacen que estas leyes existentes no muerdan».