¿Cuándo termina el poder público y comienza la campaña? El caso que expone los límites difusos en la Ciudad de México

La línea entre gobernar y campaña política siempre ha sido tenue en América Latina. Pero en la Ciudad de México, esa frontera acaba de volverse el centro de una controversia que involucra a seis servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, incluyendo a su titular, Alessandra Rojo de la Vega, quienes fueron denunciados ante el Instituto Electoral local por presuntamente violar las reglas sobre campañas anticipadas.

La denuncia, presentada ante las autoridades electorales capitalinas, señala actos de promoción coordinada que habrían cruzado la línea de lo permitido durante una veda electoral. Para quienes no están familiarizados con estos términos: una veda electoral es el período en el que los servidores públicos están legalmente prohibidos de usar recursos del Estado o sus plataformas para promover candidatos o causar electoral, incluyéndose a sí mismos.

El contexto: un patrón regional preocupante

Este caso no es una anomalía. En toda Latinoamérica, el mal uso de recursos públicos para fines electorales es una práctica recurrente que socava la competencia electoral justa. México ha enfrentado históricamente este problema, y la Ciudad de México, siendo una entidad progresista que se presume de tener instituciones más fuertes, no es la excepción.

Lo que distingue este caso es que no se trata de un funcionario menor, sino de una alcaldesa en una de las demarcaciones más relevantes de la capital. Cuauhtémoc incluye el Centro Histórico y tiene peso político significativo. Cuando la cabeza visible de una administración local es señalada, el mensaje que se envía es potencialmente más corrosivo para la confianza pública.

¿Qué implica una campaña coordinada?

La coordinación es la palabra clave aquí. No se trata de un tuit aislado o una foto desafortunada. Según la denuncia, seis funcionarios habrían actuado de manera articulada, lo que sugiere un plan deliberado. Esto es importante porque evidencia intención, no improvisación. Las autoridades electorales tendrán que determinar si existió un plan orquestado desde la alcaldía para posicionar a Rojo de la Vega de cara a futuras contiendas.

En contextos latinoamericanos, cuando hablamos de campañas coordinadas desde el aparato estatal, estamos hablando de abuso de poder. Es el uso de máquinas públicas, presupuestos estatales y la autoridad inherente al cargo para obtener ventajas electorales que otros candidatos no poseen. Es competencia desigual, punto.

Las reglas del juego en México

La Constitución mexicana y la ley electoral son claras: los servidores públicos no pueden usar sus cargos para promoción electoral propia o de terceros durante vedas. Las sanciones pueden ir desde multas hasta inhabilitación temporal o permanente de cargos públicos. El Instituto Electoral tiene facultades para investigar y, si procede, sancionar.

Lo interesante es cómo las instituciones responderán. ¿Habrá investigación exhaustiva? ¿Se aplicarán sanciones proporcionales si se comprueben los hechos? ¿O terminará en uno de esos expedientes que se cierran discretamente?

Por qué importa para ciudadanos comunes

Cuando los gobernantes usan recursos públicos para sus propias campañas, eso significa menos recursos para servicios. Significa que el dinero de tus impuestos se destina a promocionar a quienes ya tienen poder, en lugar de invertirse en calles, escuelas o seguridad. Además, socava la idea de que las elecciones son competencia justa entre opciones genuinas.

En una ciudad que ha experimentado tanto desgaste institucional, cada caso de posible mal uso de poder pone a prueba qué tan robustas son realmente las defensas democráticas. ¿Las instituciones pueden actuar independientemente? ¿Pueden sancionar a funcionarios de cierto nivel sin presiones políticas?

Lo que viene

La investigación del Instituto Electoral será crucial. Los denunciantes esperarán que sea rigurosa. Los denunciados, probablemente argumentarán que se trata de actividades legítimas de gobierno malinterpretadas. Lo que pase en los próximos meses dirá mucho sobre la salud electoral de la Ciudad de México y, por extensión, sobre cómo funciona la democracia en Latinoamérica cuando el poder se siente desafiado.

Por ahora, queda la pregunta incómoda: si los árbitros electorales no pueden actuar con independencia en casos como este, ¿para qué existen?

Información basada en reportes de: Jornada.com.mx