A pesar de las reformas legales impulsadas en las últimas décadas, el sistema de justicia en México continúa siendo uno de los mayores focos de preocupación entre la población. Ciudadanos, especialistas y organismos civiles coinciden en que persisten problemas estructurales como la impunidad, la lentitud en los procesos, la corrupción y el acceso desigual a una justicia que debería proteger a todos por igual.
Datos publicados en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) y del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) muestran una realidad preocupante: aumentaron 8.6% las causas penales que ingresaron al Poder Judicial de la Federación (PJF) y a los Poderes Judiciales Estatales (PJE) durante el mismo periodo. Esto significa que los juzgados y tribunales de todo el país reciben cada vez más casos mientras luchan por resolver los acumulados.
Un rezago que sigue creciendo: la otra cara del aumento de denuncias
Miles de expedientes permanecen sin resolución durante meses o incluso años en juzgados y tribunales federales y estatales. Esta acumulación provoca que víctimas de delitos, personas acusadas y sus familias aguarden una respuesta oportuna de las autoridades que muchas veces nunca llega.
El presupuesto total ejercido por el PJF y los PJE en 2025 fue de 138 mil 695 millones de pesos. Sin embargo, medido a precios constantes de 2018, el presupuesto que ejerció el Poder Judicial de la Federación disminuyó 2.6 por ciento respecto a 2024, mientras que los poderes judiciales estatales apenas aumentaron 1.5 por ciento. Una cifra insuficiente para una carga de trabajo que crece exponencialmente.
Especialistas en justicia penal señalan que esta desproporción entre recursos y demanda es insostenible. Sin inversión adecuada, advierten, el rezago seguirá acumulándose y la confianza ciudadana continuará erosionándose.
La impunidad: el problema que erosiona la confianza institucional
Uno de los principales reclamos sociales es la elevada percepción de impunidad. Diversos analistas señalan que una parte importante de los delitos denunciados nunca concluye con una sentencia condenatoria, lo que genera desconfianza profunda en las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar conductas ilícitas.
Los datos del INEGI revelan que los delitos más frecuentes varían según el nivel de justicia. En el Poder Judicial de la Federación, los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos representan 52.7 por ciento de las causas penales ingresadas. En cambio, en los poderes judicales estatales, el crimen más frecuente es la violencia familiar, que alcanza 17.8 por ciento de los casos.
Esta diferencia refleja que el sistema de justicia en México enfrenta desafíos distintos según la jurisdicción, desde crimen organizado a nivel federal hasta violencia intrafamiliar en los estados.
¿Quién accede a la justicia? La desigualdad que perpetúa la inequidad
Un problema estructural del sistema de justicia en México es la desigualdad en el acceso. Mientras algunos ciudadanos con recursos económicos cuentan con representación legal especializada, amplios sectores de la población dependen de los servicios públicos de defensoría. Estos servicios, en muchas regiones del país, operan con limitaciones presupuestales severas y personal insuficiente.
En zonas rurales e indígenas, las barreras geográficas, económicas y lingüísticas representan obstáculos casi infranqueables para acceder efectivamente a los tribunales. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado repetidamente la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de asistencia jurídica gratuita y garantizar intérpretes para personas que hablan lenguas originarias.
Sin embargo, hay señales de cambio en cuanto a representación dentro de los tribunales. El porcentaje de mujeres magistradas pasó de 32.2 por ciento en 2024 a 46.4 por ciento en 2025, mientras que el de mujeres juzgadoras aumentó de 43.9 a 47.2 por ciento. Un avance importante, aunque insuficiente, en la búsqueda de igualdad dentro de la administración de justicia.
Modernización y transparencia: herramientas incompletas para un problema complejo
Frente a estos desafíos multidimensionales, diversas instituciones han impulsado procesos de digitalización de expedientes, audiencias virtuales y herramientas tecnológicas que buscan agilizar los procedimientos judicales. La implementación de plataformas electrónicas ha permitido reducir tiempos administrativos y facilitar la consulta de información para litigantes y ciudadanos.
Estas innovaciones son necesarias, pero especialistas advierten que la modernización tecnológica debe ir acompañada de medidas que fortalezcan genuinamente la independencia judicial, la capacitación permanente de jueces y magistrados, así como mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La transparencia se ha convertido en un elemento fundamental para recuperar la confianza pública. Organizaciones civiles consideran que la publicación de sentencias, estadísticas judicales y criterios de resolución contribuye a fortalecer la legitimidad de los tribunales y a garantizar una mayor vigilancia ciudadana sobre el desempeño de la administración de justicia.
Hacia un sistema de justicia más cercano y sensible a las víctimas
Para amplios sectores de la sociedad, el reto no solo consiste en acelerar los procesos. El verdadero desafío es garantizar que las resoluciones sean imparciales, accesibles y respetuosas de los derechos humanos de todos los involucrados.
Víctimas de delitos, familiares de personas desaparecidas, colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales han insistido en la necesidad de construir instituciones judiciales más sensibles a las demandas ciudadanas, más humanas y menos burocráticas.
Especialistas coinciden en que el fortalecimiento del Estado de derecho requiere una coordinación eficaz entre fiscalías, policías, tribunales y organismos de atención a víctimas. Sin esta articulación integral, los esfuerzos de reforma resultan insuficientes para resolver los problemas estructurales que afectan al sistema de justicia en México.
En un contexto donde la seguridad, la legalidad y la protección de los derechos fundamentales ocupan un lugar prioritario en la agenda nacional, la impartición de justicia permanece como uno de los pilares esenciales para consolidar la confianza ciudadana y fortalecer la democracia mexicana. Pero para lograrlo, es necesario ir más allá de parches tecnológicos: se requieren reformas profundas que coloquen la dignidad de las personas en el centro del sistema.
