Desde el inicio de 2024, las Caravanas Justicia Social han transformado la forma en que miles de mexicanos acceden a servicios públicos esenciales. Este programa insignia del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez ha permitido que familias mexiquenses ahorren más de 340 millones de pesos al llevar trámites y asesorías directamente a sus comunidades, especialmente a aquellas alejadas de los centros administrativos.

Del 3 al 7 de noviembre de 2026, las Caravanas Justicia Social visitarán de manera simultánea los municipios de Villa de Allende, Zumpango y Lerma, reafirmando el compromiso de cerrar la brecha entre los ciudadanos y la administración pública.

Más de 340 millones de pesos en ahorros para las familias

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Estado de México, destacó durante la inauguración de las Caravanas Justicia Social en Lerma que este programa ha generado resultados concretos y medibles. «Desde enero de 2024 hasta hoy, estimamos que se ha permitido el ahorro a las familias mexiquenses de 177 millones de pesos por los servicios gratuitos o con descuentos, y 163 millones aproximadamente por el costo de transporte y alimentación», expresó.

Estos números reflejan una realidad cotidiana para millones de mexicanos: los gastos en traslados, tiempo fuera del trabajo y trámites dispersos entre diferentes oficinas representan una carga económica importante, especialmente para las familias de menores recursos.

¿Qué trámites ofrrecen las Caravanas Justicia Social?

El modelo de las Caravanas Justicia Social reúne en un mismo espacio módulos de atención de distintas dependencias gubernamentales, eliminando la necesidad de que las personas se trasladen de una oficina a otra. Entre los servicios disponibles se encuentran:

  • Expedición de actas del Registro Civil
  • Regularización de predios y viviendas
  • Elaboración de testamentos
  • Asesoría jurídica especializada
  • Información sobre programas de la Secretaría de Bienestar
  • Información sobre programas de la Secretaría del Campo

Todos estos trámites se ofrecen de forma gratuita o con descuentos significativos, democratizando el acceso a servicios que históricamente han estado fuera del alcance de las comunidades rurales y periféricas.

Historias de cambio en las comunidades

Héctor Herrera Fabiola, trabajador del campo, representa a los miles de beneficiarios de las Caravanas Justicia Social. Acudió a uno de los módulos para corregir su acta de nacimiento, donde no estaban asentados los segundos apellidos de sus padres, un trámite que habría requerido múltiples viajes a la ciudad.

«Gracias a la Gobernadora de nuestro estado, y gracias que ha mandado todos estos beneficios para toda la ciudadanía, porque luego ya ve, uno no tiene el recurso, y gracias a Dios, ella siempre se preocupa por la gente pobre, por la gente necesitada», compartió Herrera Fabiola.

Su testimonio refleja algo más allá de un trámite resuelto: es la proximidad del Estado hacia quienes más lo necesitan, reduciendo las barreras burocráticas que históricamente han excluido a los sectores más vulnerables del acceso a servicios públicos fundamentales.

Cobertura territorial: noviembre en Villa de Allende, Zumpango y Lerma

Durante la primera semana de noviembre de 2026, las Caravanas Justicia Social estará presente en tres municipios clave del Estado de México. Esta estrategia de itinerancia garantiza que las comunidades no tengan que viajar grandes distancias para acceder a servicios esenciales.

La iniciativa responde a un enfoque de justicia social que reconoce las desigualdades territoriales: mientras en las ciudades principales los ciudadanos tienen acceso inmediato a múltiples oficinas gubernamentales, en municipios como Villa de Allende, Zumpango y Lerma, estas distancias representaban un obstáculo concreto para ejercer derechos básicos como regularizar una vivienda, obtener documentos de identidad o recibir asesoría legal.

Con 125 trámites y servicios disponibles en un solo lugar, las Caravanas Justicia Social transforman la experiencia de los mexicanos con su gobierno, demostrando que la cercanía y la eficiencia administrativa son posibles cuando la política pública prioriza a quienes menos recursos tienen.