El poder se blindó: cómo los políticos redefinieron sus propias reglas

Hace poco más de una semana, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que tocan un nervio sensible en la democracia: la capacidad de perseguir a quienes abusan del poder. Las modificaciones propuestas por el senador Javier Corral, aunque presentadas como precisiones técnicas, representan algo más complejo y preocupante: el establecimiento de una piel gruesa del poder que se protege a sí misma.

Estos ajustes no se limitaron a aclaraciones menores. La reforma incluyó una disminución sustancial de las penas asociadas a ciertos delitos contra funcionarios públicos. Pero aquí está lo que debe preocuparnos: simultáneamente, se añadieron restricciones que cierran las puertas a interpretaciones amplias del texto legal. Se establecieron criterios tan específicos, tan acotados, que la persecución de conductas que antes se consideraban delictivas ahora enfrenta obstáculos casi infranqueables.

¿Cómo se blindó la piel gruesa del poder?

La estrategia es astuta. Cuando una ley se vuelve demasiado específica, exige que cada elemento delictivo sea demostrable de una única manera. En teoría, esto suena como precisión jurídica. En la práctica, es un mecanismo de impunidad. Si un funcionario abusa de recursos institucionales o utiliza símbolos del Estado de forma indebida, pero lo hace de una manera que no encaja exactamente en la descripción legislativa, queda fuera del alcance de la justicia.

México ha padecido durante décadas una erosión sistemática de la confianza en las instituciones. Los ciudadanos no creen en que los poderosos rindan cuentas. Y con razón: la impunidad en delitos de corrupción y abuso de autoridad alcanza niveles que rondan el 98% según reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Cuando los propios legisladores aprueban reformas que dificultan la persecución de delitos contra servidores públicos, legitiman esa desconfianza.

La piel gruesa del poder no es una expresión poética. Es el resultado concreto de decisiones legislativas que priorizan la protección de los funcionarios sobre la protección de los ciudadanos. Es un círculo vicioso: los que hacen las leyes se aseguran de que las leyes no los alcancen.

¿Por qué debería importarte esto aunque no seas político?

Porque la rendición de cuentas es el único mecanismo que frena el abuso. Cuando un gobernador, un diputado o un burócrata sabe que puede usar su cargo sin consecuencias legales significativas, la tentación de hacerlo crece. Los recursos públicos que debieran destinarse a educación, salud o infraestructura terminan en bolsillos privados. Los programas sociales se convierten en herramientas de control político. Las decisiones se toman no por el bien común, sino por interés personal.

México ya conoce demasiado bien este patrón. Basta recordar los escándalos de corrupción que han saltado a la luz en los últimos años, muchos de ellos protagonizados por funcionarios que operaron durante años con aparente impunidad. Las reformas que ahora se aprueban no buscan frenar eso; buscan hacerlo más difícil de perseguir.

¿Qué significa esto para el futuro de la democracia mexicana?

La aprobación de estas modificaciones envía un mensaje claro a toda la pirámide de funcionarios: el sistema está diseñado para protegeros. No es un mensaje de legalidad; es un mensaje de corrupción institucionalizada. Cuando la ley se vuelve tan restrictiva que prácticamente inmuniza a quienes ostentan poder, dejamos de tener un estado de derecho. Tenemos, en su lugar, un estado de privilegio.

Latinoamérica ha visto este fenómeno antes. Gobiernos que comienzan con promesas de reforma terminan capturados por los intereses que juraban combatir. Las leyes se modifican para favorecer a los poderosos. La piel gruesa del poder se vuelve más gruesa con cada reforma. Y la ciudadanía, cada vez más alejada, deja de creer que el cambio es posible.

Lo irónico es que estas reformas se presentan con lenguaje técnico, como avances en precisión legislativa. Se habla de eliminar interpretaciones subjetivas, de aclarar elementos del tipo penal. Todo suena razonable en los comunicados de prensa. Pero en el terreno de la realidad política mexicana, significa una cosa: menos poder para perseguir abusos, menos posibilidad de que los poderosos rindan cuentas.

¿Hay salida a este laberinto legal?

La respuesta más incómoda es que sí, pero requiere algo que la política mexicana ha demostrado que no tiene en abundancia: el valor de actuar contra los propios intereses. Los legisladores tendrían que reformar lo que acaban de reformar. Tendrían que decidir que la rendición de cuentas es más importante que su propia protección. Tendrían que aceptar que la piel gruesa del poder no es un logro, sino una vergüenza.

Mientras eso no suceda, los ciudadanos enfrentan una realidad incómoda: las reglas están escritas por quienes las benefician. El sistema está diseñado no para castigan la corrupción, sino para hacerla invisible. Y cada reforma que se aprueba en estos términos es un paso más en la dirección equivocada.

La pregunta que deberíamos hacer todos es simple: ¿para quién se escriben las leyes? ¿Para proteger a los ciudadanos o para proteger al poder? Las respuestas que estamos viendo en el Senado mexicano son cada vez más claras, y cada vez menos reconfortantes.

Información basada en reportes de: El Financiero