Las universidades públicas mexicanas frente al dilema energético del fracking
En un movimiento que refleja la complejidad de las decisiones sobre energía y medio ambiente en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la conformación de un grupo interdisciplinario que incluye a investigadores de las principales instituciones de educación superior del país. Esta iniciativa busca examinar la viabilidad técnica, económica y ambiental de explotar depósitos de hidrocarburos mediante técnicas de fracturación hidráulica, comúnmente conocidas como fracking.
El equipo está integrado por 17 académicos de reconocida trayectoria provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Su encargo es analizar si México debería incursionar en la extracción de estas fuentes «no convencionales» de gas natural, una decisión que trasciende lo técnico para convertirse en una cuestión de política pública, sustentabilidad y futuro energético.
¿Por qué ahora? El contexto energético mexicano
La dependencia mexicana de combustibles fósiles ha sido una realidad estructural durante décadas. Aunque el país posee importantes reservas de petróleo, la producción ha disminuido significativamente en años recientes, mientras la demanda energética sigue en aumento. El fracking representa, para sus proponentes, una alternativa para acceder a depósitos que de otro modo permanecerían inexplotables con tecnologías convencionales.
Sin embargo, esta decisión llega en un momento donde la transición energética global apunta hacia renovables y donde países latinoamericanos como Colombia y Argentina han cuestionado seriamente la viabilidad a largo plazo de estas técnicas extractivas. El debate no es nuevo, pero invitar a las universidades públicas a liderar el análisis sugiere una intención de basarse en evidencia científica rigurosa, no en dogmas ideológicos ni presiones corporativas.
La responsabilidad de la academia en decisiones críticas
Cuando se encomienda a universidades públicas evaluar tecnologías potencialmente disruptivas, se asume que estas instituciones actuarán como arbitros imparciales entre intereses comerciales, ambientales y sociales. Esto requiere una transparencia radical en el proceso, acceso público a hallazgos preliminares y espacios genuinos para que comunidades afectadas participen en la investigación.
La UNAM, UAM e IPN tienen la responsabilidad histórica de no convertirse en legitimadores de políticas públicas, sino en generadores de conocimiento crítico que sirva al interés nacional a largo plazo. Esto significa que el análisis debe ser exhaustivo: no solo viabilidad económica, sino impactos hidrológicos, emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos sísmicos y consecuencias para comunidades rurales que viven sobre estos depósitos.
El panorama latinoamericano: lecciones no siempre aprendidas
En América Latina, el fracking ha generado controversias significativas. Argentina, que intentó desarrollar el proyecto de Vaca Muerta, ha enfrentado críticas sobre consumo acelerado de agua en regiones áridas. En Brasil y Perú, iniciativas similares enfrentaron resistencia comunitaria y preocupaciones ambientales que frenaron su expansión. Estas experiencias ofrecen lecciones valiosas sobre los costos reales de estas operaciones, más allá de las proyecciones financieras.
Energía limpia versus transición gradual
Un elemento esperanzador es que México ha avanzado significativamente en energías renovables. Solar y eólica representan ya una porción creciente de la matriz energética. La pregunta que debe responder el grupo de expertos no es solo si el fracking es técnicamente posible, sino si es necesario cuando existen alternativas más limpias disponibles, aunque requieran mayor inversión inicial en infraestructura.
La voz que falta: participación ciudadana
Para que este análisis sea verdaderamente robusto, debe incluir desde el inicio a ejidatarios, ambientalistas, científicos independientes y comunidades locales. El conocimiento académico es fundamental, pero incompleto sin la perspectiva de quienes habitarían los territorios donde se implementaría esta tecnología.
El desafío para México es navegar esta decisión sin sacrificar sus compromisos climáticos ni sus aspiraciones de ser líder en energías limpias. Las universidades públicas tienen la palabra.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx