Un cambio de modelo en la salud mexicana
Durante el primer semestre de 2024, México dio un paso significativo en la reorganización de su sistema sanitario con la publicación de un decreto que formaliza el Sistema Universal de Salud (SUS). Esta medida representa uno de los cambios estructurales más importantes en política pública de salud en años recientes, buscando garantizar acceso equitativo a servicios médicos para toda la población.
El decreto, fundamentado en disposiciones constitucionales y compromisos adquiridos en acuerdos internacionales suscritos por el país, establece un nuevo marco operativo que pretende integrar los servicios fragmentados que históricamente han caracterizado al sistema sanitario mexicano. Para entender su relevancia, es necesario contextualizar el panorama previo.
El panorama sanitario anterior
Antes de esta iniciativa, México operaba con un esquema de salud segmentado. Por un lado estaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enfocados en trabajadores formales y sus familias. Simultáneamente, millones de personas sin empleo formal dependían de servicios estatales con recursos limitados o carecían de cobertura institucional completamente.
Esta fragmentación generaba desigualdades profundas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente 25 millones de mexicanos permanecían sin acceso garantizado a servicios de salud básicos antes de reformas recientes. El nuevo decreto intenta cerrar estas brechas.
Fundamentos constitucionales y compromisos internacionales
El SUS se soporta en la reforma de 2013 al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la salud como derecho fundamental. Además, se alinea con compromisos internacionales adquiridos en organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a cobertura universal de salud.
Este enfoque es consistente con tendencias en Latinoamérica. Países como Costa Rica, Brasil y Colombia han implementado sistemas universales que, aunque con resultados variables, demuestran la viabilidad de garantizar atención sanitaria a toda la población más allá de la condición laboral.
Pilares del nuevo sistema
El decreto establece que el SUS debe caracterizarse por ser integral, es decir, cubriendo promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. También busca garantizar equidad, priorizando poblaciones históricamente marginadas como indígenas, migrantes y zonas rurales.
Otro elemento central es la coordinación institucional. El sistema propone que instituciones como IMSS, ISSSTE y servicios estatales trabajen de manera articulada, compartiendo infraestructura, recursos y datos cuando sea pertinente, evitando duplicidades y optimizando la inversión pública.
Implicaciones prácticas
En términos operativos, el SUS busca que cualquier persona pueda acceder a servicios de salud sin necesidad de acreditar filiación laboral previa. Esto significa que desempleados, trabajadores informales y grupos vulnerables tendrían garantizado acceso a atención básica y especializada.
La implementación enfrenta desafíos reales. Expertos en políticas sanitarias señalan que la integración de sistemas requiere inversión significativa en tecnología, capacitación de personal y mejora de infraestructura, especialmente en regiones marginadas.
Perspectiva comparada en la región
En el contexto latinoamericano, experiencias como la del Sistema de Salud chileno o el argentino muestran que la universalidad no es automática: requiere financiamiento sostenido, regulación efectiva y participación ciudadana. Uruguay, frecuentemente citado como modelo en la región, combina sistemas público y privado regulados con estrictos estándares de cobertura.
Retos por delante
Los desafíos para consolidar el SUS incluyen garantizar financiamiento suficiente más allá de cambios de gobierno, capacitar a profesionales de la salud en el nuevo modelo, actualizar tecnología en hospitales públicos y establecer mecanismos de evaluación que aseguren resultados reales en cobertura y calidad.
El decreto representa una intención clara de transformación. Su éxito dependerá de cómo se traduzca en presupuestos reales, políticas operativas coherentes y capacidad institucional para ejecutar cambios de esta magnitud en un sistema que atiende a más de 120 millones de personas.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx