El espejo donde no queremos mirarnos
Cuando una reforma electoral muere en el Senado, algo más profundo que un trámite legislativo fracasa: muere la posibilidad de una conversación honesta sobre quiénes somos como sistema político. México acaba de rechazar una iniciativa que, según los análisis disponibles, adolecía de debilidades estructurales fundamentales. Pero antes de celebrar o lamentar su desaparición, vale preguntarse qué dice este rechazo sobre nuestra capacidad institucional para enfrentar los problemas reales que nos asfixian.
La sobrerrepresentación legislativa es uno de esos males que todos vemos pero pocos nombran con claridad. Mientras un partido puede obtener el 30% de los votos y terminar con 45% de los curules, la ficción de la representación popular se convierte en teatro. No es un tecnicismo electoral; es la distorsión del pacto democrático mismo. Cuando el Senado rechaza mecanismos para contener este fenómeno, no está siendo prudente: está eligiendo la comodidad institucional sobre la integridad política.
La violencia que callamos en las campañas
Pero hay algo aún más grave que la aritmética electoral deformada: la violencia que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para hacer política local. Desde 2017, decenas de candidatos, funcionarios electos y activistas han sido asesinados. En algunos estados, las campañas electorales se parecen más a territorios en disputa que a competencias democráticas. Una iniciativa de reforma electoral que no enfrenta este problema de frente no es una reforma: es un paliativo.
Una reforma electoral integral debería preguntarse: ¿cómo protegemos a quienes se atreven a competir en territorios dominados por estructuras criminales? ¿Cómo garantizamos que la política local no sea un monopolio de facto de los que pueden pagar el precio de la seguridad? Estos no son cuestionamientos secundarios; son el centro mismo del problema democrático en México.
Lo que otros países ya aprendieron
En América Latina, varios países han enfrentado dilemas parecidos. Colombia fortaleció sus mecanismos de financiamiento para reducir la captura electoral por actores ilegales. Brasil implementó sistemas de protección a candidatos en zonas de riesgo. Costa Rica ha mantenido una mayor estabilidad precisamente porque su legislación electoral incluye salvaguardas contra la concentración extrema del poder. No son soluciones perfectas, pero al menos reflejan la voluntad de nombrar el problema.
El costo político de elegir no elegir
Cuando el Senado rechaza una iniciativa insuficiente, puede parecer un acto de responsabilidad crítica. Pero si lo que hace después es nada, entonces lo que realmente está haciendo es mantener el statu quo. Y el statu quo en materia electoral mexicana es insostenible: favorece la concentración, facilita la violencia y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
La pregunta que deberíamos hacer no es si esta reforma era perfecta, sino si estamos dispuestos a construir una que lo sea. ¿Dónde está la propuesta alternativa? ¿Dónde está el debate legislativo sobre cómo proteger a los candidatos que compiten en territorios hostiles? ¿Dónde está la voluntad de enfrentar la sobrerrepresentación de manera efectiva?
Una invitación a la incomodidad
Rechazar una iniciativa mediocre es fácil. Lo difícil es reconocer que rechazarla sin ofrecer alternativas es, en el fondo, una forma de validar la mediocridad. Una democracia que no puede reformarse a sí misma termina siendo reformada por fuerzas que no responden a reglas democráticas.
La próxima vez que escuchemos hablar de reforma electoral, preguntémonos si estamos presenciando un debate genuino sobre cómo mejorar nuestras instituciones, o simplemente el teatro de la desaprobación. Porque una cosa es clara: el status quo electoral mexicano no puede permanecer intacto. La violencia política lo impedirá.
Información basada en reportes de: El Financiero