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¿Qué tan grave es realmente la economía mexicana según expertos?

La presidenta Sheinbaum cuestiona las advertencias de agencias calificadoras internacionales sobre la economía mexicana, presentando datos alternativos sobre el desempeño del país.
¿Qué tan grave es realmente la economía mexicana según expertos?

El pulso de México: entre advertencias externas y números internos

Las agencias calificadoras internacionales tienen un poder que trasciende las cifras: moldean la percepción global sobre la salud económica de un país. Cuando Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch emiten un comunicado pesimista sobre México, los inversionistas tiemblan, los bancos ajustan tasas de interés y las familias mexicanas sienten el impacto en créditos hipotecarios y tasas de ahorro. Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum decide cuestionar públicamente estas evaluaciones, no se trata de un simple desacuerdo técnico: es un choque sobre cómo se cuenta la historia económica del país.

En los últimos meses, las calificadoras han enviado señales ambiguas sobre México. Algunas han mantenido o bajado perspectivas sobre la deuda soberana, argumentando preocupaciones sobre estabilidad institucional, inversión pública y desempeño fiscal. Estos reportes generan titulares alarmistas que se replican en medios internacionales: «México en riesgo», «Deterioro económico inevitable», «Inversión decreciente». El mensaje que llega a las familias mexicanas es uno solo: las cosas van mal y van a empeorar.

¿Quién tiene la razón? Los datos en disputa

Aquí es donde la conversación se vuelve interesante. Sheinbaum ha presentado un conjunto de variables macroeconómicas que, según su interpretación, cuentan una historia diferente. El desempleo en México ronda el 2.6% según datos recientes del INEGI, una cifra que en términos latinoamericanos resulta competitiva. La inflación, aunque ha sido un desafío global post-pandemia, ha mostrado tendencia a la baja en trimestres recientes. La remesa de divisas por envíos familiares superó los 63 mil millones de dólares en 2023, un récord histórico que sostiene el consumo interno.

Las calificadoras, por su parte, no ignoran estos números. Su preocupación apunta a aspectos estructurales: la fortaleza institucional, la certidumbre regulatoria, la capacidad de inversión en infraestructura y educación, y el espacio fiscal disponible para enfrentar crisis. Es decir, no solo miran el presente, sino la capacidad de un país para crecer sostenidamente en los próximos años.

Un debate global con raíces locales

Este tipo de confrontación entre gobiernos y agencias calificadoras no es exclusiva de México. Argentina cuestionó permanentemente a las calificadoras durante sus crisis de deuda. Brasil y Colombia también han tenido tensiones similares. El punto de fondo es que estas agencias operan con metodologías que priorizan ciertos factores sobre otros, y sus evaluaciones reflejan, en parte, criterios que no siempre se alinean con las realidades locales o con las prioridades políticas de los gobiernos.

El impacto en tu bolsillo es directo: si las calificadoras mantienen una perspectiva negativa, México debe pagar tasas de interés más altas para endeudarse internacionalmente. Esos costos se trasladan eventualmente a créditos bancarios más caros, hipotecas más onerosas y menos acceso al crédito para pequeñas empresas. Un punto de rebaja en la calificación crediticia puede significar miles de millones de dólares adicionales en costos de financiamiento a largo plazo.

¿Qué se necesita para recuperar confianza?

La verdad probablemente está en un punto medio incómodo: México tiene fortalezas indiscutibles en mercado laboral y consumo interno, pero enfrenta desafíos reales en instituciones, seguridad jurídica y capacidad de inversión pública. Las agencias calificadoras no mienten, pero tampoco cuentan la historia completa. Los gobiernos tampoco: es comprensible que enfaticen los logros y minimicen los desafíos.

Lo que sí es claro es que la confianza no se recupera con discursos sino con acciones: reformas institucionales transparentes, presupuestos predecibles, reducción de incertidumbre regulatoria y resultados concretos en seguridad y combate a la corrupción. Mientras eso no ocurra, las agencias calificadoras seguirán siendo escépticas, y los mexicanos seguirán pagando el precio de esa desconfianza internacional.

Información basada en reportes de: Jornada.com.mx

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