Proponen castigo de hasta 20 años de prisión por robo de tractores y maquinaria agrícola
La inseguridad en el campo mexiquense ha llegado a un punto crítico. Los productores agrícolas enfrentan constantemente el robo de sus herramientas, tractores y maquinaria, elementos esenciales para sobrevivir en una actividad que representa su única fuente de ingreso. Ante esta realidad, la diputada local Leticia Mejía García (PRI) presentó una propuesta legislativa ambiciosa: imponer penas de 12 a 20 años de prisión para quienes cometan estos delitos.
Una iniciativa enfocada en proteger el sector agrícola
La propuesta de reforma al Código Penal estatal, presentada en la LXII Legislatura del Estado de México, busca establecer un tipo penal específico para estos robos, algo que actualmente no existe en la legislación local. Además de la prisión, la iniciativa contempla sanciones económicas que van de uno a tres veces el valor de lo robado, creando así un doble mecanismo de disuasión.
Según la diputada, estas medidas legislativas son necesarias porque la inseguridad no solo afecta a productores individuales, sino que daña toda la cadena de valor agrícola y limita la autosuficiencia alimentaria del país, con repercusiones directas en los precios que pagamos todos los consumidores.
Los números hablan de una crisis real
Los datos respaldan la urgencia de esta iniciativa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en 2022 casi 15 mil 700 tractores en manos de productores locales. Paralelamente, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que más del 35 por ciento de las unidades de producción identifican la inseguridad como su principal problema operativo.
En el Estado de México, la magnitud del sector agrícola amplifica aún más esta crisis. De los 2.2 millones de hectáreas de superficie rural, más del 53 por ciento tienen uso y vocación agropecuaria. Las más de 800 mil hectáreas dedicadas a la agricultura generan cultivos clave para la alimentación nacional: maíz, papa, jitomate, chile, aguacate y fresa, entre otros.
Un sector bajo amenaza constante
Los agricultores mexiquenses viven bajo presión constante. No solo deben producir en condiciones muchas veces desfavorables por factores climáticos o de mercado, sino que además cargan con el temor permanente de ser víctimas de robo o extorsión. Cuando pierden sus tractores o herramientas, pierden la capacidad misma de trabajar, lo que significa la pérdida de su sustento.
Este ciclo de inseguridad erosiona la percepción de seguridad entre los productores y limita sus posibilidades de garantizar una vida digna. Como señala la iniciativa, el menoscabo al patrimonio agrícola derivado de estos robos afecta no solo al productor individual, sino a toda la sociedad que depende de la oferta alimentaria estable y accesible.
¿Serán suficientes 20 años de cárcel?
La propuesta de la diputada Mejía García busca establecer un precedente claro: el robo de maquinaria agrícola no es un delito menor. Al elevar las penas hasta 20 años de prisión e imponer multas de hasta tres veces lo robado, se intenta crear un efecto disuasivo fuerte contra las bandas criminales que operan en zonas rurales.
Ahora queda en manos de la legislatura estatal analizar si estas medidas lograrán realmente frenar la ola de robos que asedia al campo mexiquense, o si se requieren acciones complementarias que combinen prevención, patrullaje rural y coordinación con autoridades federales.