Promesas de obras vs. realidad: el dilema de la gobernadora del Estado de México
Cuando la Gobernadora del Estado de México anunció que 2025 sería «el año de las obras», prometía superar el rezago que aqueja a los 125 municipios y sus comunidades. Era un mensaje de esperanza en tiempos de descrédito político. Dos meses después, sin embargo, el balance es desalentador: poco trabajo visible, alcaldes esperando «línea» desde la capital, y las colonias de reciente creación —aquellas que históricamente han sido ignoradas— siguen sin los servicios básicos que necesitan.
No se trata de escepticismo infundado. Es experiencia. Administraciones anteriores prometieron lo mismo. También fracasaron. El patrón se repite porque las estructuras que lo permiten siguen intactas: falta de voluntad política, corrupción enquistada en los gobiernos morenistas, y un manejo selectivo de recursos que privilegia a allegados sobre necesidades reales.
La brecha entre lo prometido y lo posible
El problema es estructural. Durante años, los gobiernos argumentaron que no podían pavimentar sin drenaje, no podían electrificar sin planos validados, no podían regularizar sin reconocimiento oficial. Era un círculo vicioso: sin servicios, sin impuestos; sin impuestos, sin presupuesto; sin presupuesto, sin obras. Hoy, cuando finalmente existen mecanismos de regularización, surge la pregunta incómoda: ¿estará el gobierno dispuesto a cobrar impuestos a estas comunidades para dotarlas de servicios? O, como ha sucedido, ¿seguirá usando la falta de dinero como pretexto para no actuar?
La gobernadora reconoce que 2025 es crítico. Los números de aprobación de Morena caen a nivel nacional, estatal y municipal. La confianza social se erosiona. Las próximas elecciones son punto de quiebre para el sexenio presidencial. De ahí la urgencia de mostrar resultados. Pero aquí aparece la segunda pregunta incómoda: ¿construirán las obras que el gobierno considera importantes, o las que las comunidades realmente necesitan?
El control político y la reforma electoral
Mientras tanto, en la esfera federal, la administración Sheinbaum impulsa una reforma electoral que eliminaría el PREP —herramienta que proporciona certeza y transparencia en los conteos— y reduciría el financiamiento a partidos. Bajo el argumento de austeridad, lo que se propone es concentrar más poder en manos de quien controle el organismo electoral. Es un retroceso disfrazado de eficiencia.
Este es el contexto real: un gobierno que ha demostrado corrupción en sus propias filas, que concentra poder en el legislativo y judicial, que ha desaparecido organismos de transparencia, que usa apoyos sociales como herramienta de control político. En ese escenario, las promesas de obras se leen de otra manera. No como genuino interés en mejorar calidad de vida, sino como estrategia de recuperación electoral.
¿Voluntad o simulación?
El carnicero tiene razón: hay que ir por partes. Primera: Morena necesita recuperar credibilidad. Segunda: tiene las herramientas para hacerlo —dinero, poder legislativo, administración de recursos—. Tercera: la pregunta crucial es si tiene la voluntad.
Hasta ahora, lo que hemos visto es lo opuesto. Decisiones que refuerzan control político sobre bienestar social. Reformas que oscurecen procesos que habían sido transparentados. Promesas grandilocuentes sobre «125 municipios» que suenan aspiracionistas cuando los recursos son finitos y las estructuras burocráticas están paralizadas.
Lo que está en juego
La ciudadanía mexiquense tiene derecho a exigir más que palabras. Necesita obras de infraestructura, sí. Pero también necesita seguridad, educación, empleo, protección ambiental, acceso a cultura. Necesita gobiernos que rindan cuentas, no que concentren poder. Necesita certeza electoral, no oscurantismo.
El dicho de Nikita Kruschev resuena con incómoda actualidad: «Los políticos prometen construir puentes incluso donde no hay río». En el Estado de México hay ríos que se desbordan de necesidad. Hay colonias sin drenaje, calles sin pavimento, niños sin escuelas. No se necesitan promesas aspiracionistas. Se necesita trabajo específico, medible, dirigido a quienes más lo requieren.
Ojalá nos equivoquemos. Ojalá al cierre de 2025, la vida de los mexiquenses sea tangiblemente mejor en servicios, empleo, seguridad y desarrollo. Pero mientras el gobierno siga priorizando el control político sobre la acción real, mientras siga utilizando apoyos sociales como moneda de cambio electoral, mientras reformas como la electoral busquen concentrar poder en lugar de transparentarlo, las promesas de la gobernadora seguirán siendo exactamente eso: promesas.
La confianza no se recupera con anuncios. Se recupera con hechos, con rendición de cuentas, con gobiernos que pongan las necesidades de la población por encima de sus intereses electorales. Eso es lo que el Estado de México merece. Y hasta ahora, no lo hemos visto.