El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una estrategia legal integral contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, derivada de los señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios estatales y el crimen organizado. La iniciativa incluye un juicio político, la solicitud de desaparición de poderes y denuncias ante organismos internacionales.
En conferencia de prensa en la capital del país, la dirigencia nacional del partido y legisladores federales panistas anunciaron una «ruta de acciones legales, constitucionales e internacionales» para atender lo que calificaron como una grave crisis institucional y democrática en la entidad.
Tres acciones principales contra la impunidad
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, explicó que Acción Nacional ejercerá todos los recursos legales disponibles para evitar la impunidad. Las tres acciones principales son:
- Presentación de denuncias ante instancias internacionales
- Solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa
- Juicio político contra Rubén Rocha Moya
«Hoy venimos a anunciar que en Acción Nacional vamos a ejercer todos los recursos legales que tengamos para impedir impunidad», señaló Romero Herrera.
«Las instituciones no pueden permanecer indiferentes»
Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, enfatizó que el Estado mexicano debe responder de manera firme ante la crisis institucional. «Las instituciones mexicanas no pueden permanecer indiferentes ante un ataque sostenido contra la democracia y la legalidad», expresó.
Lixa argumentó que durante años el PAN ha denunciado vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, y que ahora existen investigaciones y hechos públicos que obligan a actuar con responsabilidad.
El legislador destacó que el juicio político constituye «el primer paso de una ruta constitucional y legal» para exigir responsabilidades. Explicó que los artículos 109 y 110 de la Constitución permiten sancionar a servidores públicos que violen gravemente la ley fundamental.
Separación definitiva del cargo
El PAN demanda la separación definitiva de Rubén Rocha Moya de su puesto para evitar cualquier mecanismo de protección política o jurídica que obstaculice futuros procesos judicales.
«Claro que se puede investigar y sancionar en México a quienes hayan traicionado la confianza ciudadana y permitido la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Lo que no podemos permitir es el encubrimiento», enfatizó Lixa.
Advertencias sobre riesgos económicos y diplomáticos
Durante la conferencia, varios diputados panistas plantearon diferentes dimensiones del problema. La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Noemí Berenice Luna Ayala, afirmó que la violencia nacional es consecuencia de acuerdos entre actores políticos y estructuras criminales.
Por su parte, Federico Döring Casar alertó sobre posibles repercusiones económicas y diplomáticas que podría enfrentar México si persiste la falta de claridad institucional frente a señalamientos internacionales relacionados con Sinaloa.
Eva María Vásquez Hernández reiteró que Acción Nacional continuará denunciando cualquier vínculo entre gobiernos y estructuras criminales, exigiendo que ninguna autoridad utilice el poder público para encubrir corrupción o actos relacionados con el crimen organizado.
Responsabilidad estatal y defensa de la soberanía
Germán Martínez Cázares enfatizó que la responsabilidad principal del Estado mexicano debe ser garantizar seguridad y protección a las familias, especialmente ante la violencia que afecta distintas regiones del país.
Finalmente, Elías Lixa reiteró el compromiso panista de agotar todas las herramientas legales, constitucionales e internacionales para impedir que la violencia y la infiltración criminal se normalicen en la vida pública. «La soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los narco-políticos», concluyó.