Operativo masivo desmanteló red de anexos utilizados para trafficking y extorsión
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó un despliegue operativo sin precedentes en 94 centros de rehabilitación de adicciones, conocidos como «anexos». El resultado: 53 establecimientos asegurados, 8 trabajadores detenidos en flagrancia y el rescate de al menos 5 personas privadas de su libertad, incluidos dos menores de edad.
La intervención, coordinada con múltiples instituciones de seguridad y protección social, reveló un patrón sistemático de ilegalidad que va mucho más allá de las deficiencias sanitarias. Estos lugares funcionaban como guaridas de organizaciones delictivas, donde se cometían homicidios, secuestros, trata de personas, abuso sexual y extorsión.
Desde centros de tratamiento a centros de explotación
Entre julio de 2025 y marzo de 2026, la Fiscalía inició 152 expedientes de investigación por actividades ilícitas vinculadas con el funcionamiento de anexos. Los hallazgos documentaron un escenario de abuso sistemático:
Personal no certificado ejercía violencia física y psicológica contra los internos: los encerraban en cisternas, los rapaban y los obligaban a trabajos manuales forzados. Las familias pagaban «cuotas» excesivas, algunas con prácticas extorsivas directas. Los establecimientos operaban sin permisos, sin expedientes clínicos y sin evaluaciones psicológicas que justificaran los internos.
La mayoría de los detenidos dentro de estos centros eran adultos mantenidos contra su voluntad. En algunos casos, las autoridades encontraron alimentos en descomposición, hacinamiento extremo y convivencia forzada entre adultos y menores de edad.
Rescates y detenciones: el lado de la justicia
Los operativos permitieron identificar delitos flagrantes en cuatro ubicaciones distintas. En Naucalpan se rescataron tres personas privadas de libertad, además de dos menores de 12 años que reportaron ser golpeados regularmente por trabajadores del lugar.
En Ecatepec, tres menores de edad —de 15, 14 y 9 años— fueron liberados después de ser mantenidos amarrados. Estos niños eran presuntamente víctimas de secuestro.
Como resultado directo, fueron detenidos ocho trabajadores de tres centros diferentes:
En el «Centro Integral para las Adicciones Un Sentido de Vivir» (Ecatepec): Julio César «N», Luis Antonio «N» y Edgardo «N» por participación probable en secuestro.
En «CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor» (Naucalpan): Víctor Manuel «N», Francisco Javier «N» y Mauricio «N», detenidos por privación de libertad de tres adultos cautivos.
Además, Ángel «N» y Ana Elena «N» enfrentan investigación por privación de libertad.
El lado invisible de la ilegalidad
Lo más grave: algunos centros funcionaban como refugios para miembros de estructuras delictivas que evadían la acción de la justicia. En otros, las personas internas eran reclutadas o forzadas a participar en venta de estupefacientes y otros delitos.
Estos espacios de «difícil identificación» operaban dentro de casas particulares y bodegas, lo que facilitaba su vinculación con actividades ilícitas y evadía supervisión de autoridades de salud.
Reubicación de internos y continuidad operativa
De las 1,599 personas albergadas en los 53 anexos asegurados, 1,518 fueron reintegradas con sus redes familiares. Otras 80 fueron canalizadas a centros de rehabilitación con funcionamiento legal. Solo una solicitó externamiento voluntario.
De los 94 anexos intervenidos, 41 continúan en operación. Solo fueron asegurados aquellos con servicio de internado o albergue, quedando exentos los sitios que imparten «Terapia de Reflejo».
Una estrategia integral pero insuficiente
Las autoridades operativas incluyeron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional y policías municipales. La intervención se enmarcó en la «Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones» impulsada desde la Mesa de Paz estatal.
Sin embargo, los números revelan la magnitud del problema: 152 investigaciones penales en menos de un año, 53 centros asegurados de solo 94 intervenidos, y un patrón de criminalidad que sugiere una red más amplia aún sin desmantelar completamente.
La clausura de estos espacios representa un paso crucial para proteger a poblaciones vulnerables, pero expone también la necesidad de regulación más estricta, supervisión continua y oferta legal de servicios de rehabilitación de calidad en el Estado de México.