La batalla legal que podría cambiar cómo regulamos a las gigantes tecnológicas
Nuevo México acaba de lanzar un movimiento legal sin precedentes contra Meta, la corporación detrás de Facebook e Instagram. El estado pide que la empresa sea declarada formalmente como una «molestia pública» —una categoría legal que históricamente se ha usado contra contaminación industrial, ruido excesivo o plagas urbanas. Que una plataforma digital sea tratada de esta manera marca un punto de inflexión en cómo los gobiernos están comenzando a confrontar el poder de las grandes tecnológicas.
¿Qué hay detrás de esta acusación?
Esta no es la primera vez que Meta enfrenta presiones regulatorias. La compañía ha sido acusada repetidamente de negligencia en la protección de menores, facilitación de tráfico de drogas, venta de datos personales sin consentimiento informado, y amplificación de desinformación. En años recientes, documentos filtrados (como los «Facebook Papers») revelaron que la propia empresa era consciente de los daños que sus algoritmos causaban, especialmente en adolescentes y en la salud mental pública.
Pero lo que Nuevo México está haciendo es diferente. No solo alega que Meta causa daño; está intentando que el sistema legal reconozca la existencia misma de la plataforma como problemática, similar a cómo los gobiernos históricamente han tratado a fábricas contaminantes o casinos ilegales. Es una estrategia legal creativa que cuestiona si una entidad privada que afecta la salud pública debería tener permitido operar sin restricciones severas.
El contexto que explica por qué esto importa ahora
Durante años, Silicon Valley operó bajo una suposición: las innovaciones tecnológicas eran inherentemente positivas y cualquier regulación solo las frenaría. Esa narrativa está colapsando. Gobiernos en Europa (con la Ley de Servicios Digitales), el Reino Unido, y ahora estados individuales en EE.UU., están cuestionando esta premisa fundamental.
Para América Latina, esto es particularmente relevante. Nuestros países han sido laboratorios de experimentación social para Meta. Las plataformas facilitaron la propagación de la desinformación electoral en Brasil, Bolivia y Honduras. Durante la pandemia, la desinformación médica en Facebook causó desconfianza en vacunas. Y el algoritmo de Instagram ha sido especialmente dañino para adolescentes latinoamericanas, alimentando anorexia y automutilación a través de contenido no regulado.
Molestia pública: una categoría legal para el siglo XXI
La estrategia de Nuevo México es inteligente porque usa marcos legales ya existentes para un problema nuevo. Históricamente, «molestia pública» se definía como algo que interfiere con el uso público de tierras o afecta la salud, seguridad o comodidad de la comunidad. Meta claramente cumple con estos criterios: interfiere con la salud mental de millones, afecta la integridad electoral, y compromete la privacidad de ciudadanos.
Si esta categorización prospera legalmente, podría abrir la puerta a que otros estados y países apliquen la misma lógica a otras plataformas: TikTok, YouTube, X. Esto podría no significa necesariamente que sean «prohibidas», pero sí que operarían bajo restricciones similares a industrias que reconocemos como potencialmente peligrosas.
Las posibles consecuencias para Meta (y para nosotros)
Meta claramente recurrirá cualquier decisión en su contra. Argumentará libertad de expresión, innovación y que los gobiernos no entienden tecnología. Y algunos de estos argumentos tendrán peso legal. Pero lo que está pasando en Nuevo México refleja un cambio fundamental: los gobiernos ya no creen que Meta es una empresa neutral de tecnología. La ven como un poder político y social que requiere regulación.
Para los usuarios latinoamericanos, esto podría significar plataformas más controladas (lo cual podría ser bueno para evitar desinformación) pero también con menos capacidad para movimientos sociales. Es un dilema sin ganadores claros.
La pregunta incómoda que nadie quiere responder
¿A qué punto una empresa privada que beneficia a miles de millones de personas, pero daña sistémicamente a millones de otras, debería ser permitida? Meta genera ganancias masivas. Proporciona servicios gratuitos. Pero internaliza los costos del daño en la sociedad. Eso es exactamente lo que hacían las fábricas contaminantes en el siglo XIX.
Nuevo México está sugiriendo que quizás ha llegado el momento de aplicar la misma lógica regulatoria.
Información basada en reportes de: Merca20.com