La ministra María Estela Ríos otorgó una suspensión provisional que impide separar del cargo o inhabilitar al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en medio del juicio político que le inició la Comisión Anticorrupción del Congreso local. La decisión ha generado críticas desde la bancada morenista, que denuncia un blindaje político para el funcionario.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, calificó la resolución como «desafortunada» y advirtió que con esto se concede al gobernador un escudo temporal frente a las consecuencias más importantes del proceso en su contra.
La resolución de la ministra: protección o impunidad
Ramírez Cuéllar subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha estudiado el fondo del asunto, no ha determinado que el Congreso de Nuevo León actuó ilegalmente ni ha exonerado al gobernador. Sin embargo, la ministra Ríos ya impidió que se ejecute una destitución o inhabilitación.
La resolución se basa en una tesis de 2005 que establece que no se puede suspender un juicio político, pero sí sus efectos y consecuencias. La ministra argumentó que la suspensión garantiza la gobernabilidad del estado de Nuevo León, permitiendo que García continúe en funciones mientras se investiga el caso.
Críticas desde Morena: «Una postura falaz»
El legislador morenista rechazó este argumento, considerándolo «profundamente antidemocrático y antiinstitucional». Señaló que Nuevo León posee los mecanismos institucionales para mantener la continuidad administrativa, incluyendo su propia Constitución, Congreso y Poder Judicial.
«La estabilidad de un estado no depende de la permanencia personal de un gobernante. Colocar al gobernador por encima de las instituciones equivale a confundir el interés público con su interés personal», afirmó Ramírez Cuéllar en conferencia de prensa.
Además, cuestionó la lógica de la ministra Ríos de evitar «un daño de difícil reparación» por la ausencia temporal del gobernador, mientras ignora el daño potencial para la sociedad cuando un servidor público señalado por irregularidades graves logra permanecer en cargo sin que se ejecuten las responsabilidades determinadas por instituciones competentes.
Un obstáculo adicional: el amparo federal
A los problemas legales se suma que la juez federal del estado de Nuevo León, Tania Virginia Neri, otorgó un amparo a Samuel García para impedir que el Congreso vote en definitiva el juicio político mientras se decide el fondo del asunto.
García argumenta que el Legislativo local excedió sus facultades y violó el proceso legislativo, alegando que la Comisión Anticorrupción aún no acreditó los elementos de prueba necesarios. Sin embargo, Ramírez Cuéllar insistió en que el debido proceso ya se ha realizado conforme a la legislación vigente.
«García tiene derecho a conocer las acusaciones, presentar pruebas, controvertir señalamientos y comparecer mediante su defensa. Lo que no debería tener es el derecho anticipado a neutralizar consecuencias antes de que las instituciones locales concluyan su trabajo», argumentó el diputado.
Impunidad y falta de transparencia
El legislador morenista lamentó que ambas suspensiones provisionales, al ser inatacables, podrían dejar el procedimiento de juicio político paralizado durante meses, consolidando la impunidad en el país.
Ramírez Cuéllar enfatizó que gobernar implica rendir cuentas. Cuestionó que García responda a los señalamientos sobre posibles beneficios económicos para negocios vinculados a su entorno familiar solo con acusaciones de persecución política, en lugar de transparentar información y permitir que las autoridades competentes concluyan sus investigaciones.
«Resulta inaceptable que Samuel García pretenda colocarse nuevamente en el papel de víctima», expresó el legislador, instando al gobernador a aportar toda la información, abrir los contratos y transparentar las operaciones señaladas.
Exigencias de Morena
Ramírez Cuéllar exigió que el Congreso de Nuevo León continúe sin dilaciones el procedimiento para votar la procedencia del juicio político y que se transparenten los contratos, transferencias y operaciones señaladas por la Comisión Anticorrupción.
También solicitó a la SCJN y al juzgado federal resolver el asunto con prontitud para evitar que la suspensión se convierta en un mecanismo de impunidad. Finalmente, rechazó que cuestionar la actuación de un gobernador deba interpretarse como un ataque partidista, y advirtió que descalificar anticipadamente a las instituciones investigadoras representa un intento por evadir el análisis de los hechos.
«La sociedad neolonesa no merece tal castigo», concluyó.