El costo fiscal de los grandes sueños: México y su apuesta por el Mundial
En las entrañas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe un número que pocas veces vemos en las portadas de los diarios: 1 billón 671 mil 33 millones de pesos. No es el presupuesto de una megaobra ni el costo de una reforma estructural. Es precisamente lo opuesto: es dinero que el Estado mexicano ha decidido no cobrar este año.
Detrás de esa cifra astronómica se esconde una decisión política tan importante como polémica: el gobierno federal ha establecido regímenes especiales de tributación que funcionan como autopistas fiscales para ciertos sectores. Y sí, entre esos beneficiarios están los proyectos relacionados con la próxima Copa del Mundo que México será anfitrión en 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.
¿Cuánto cuesta realmente organizar un Mundial?
Cuando hablamos de renuncias fiscales de esta magnitud, estamos hablando de recursos que podrían haberse destinado a educación, salud o infraestructura básica. Ese 4.37 por ciento del Producto Interno Bruto que deja de ingresar al erario es aproximadamente lo que México invierte anualmente en programas de bienestar social combinados.
La realidad es que organizar una Copa del Mundo en el siglo XXI se ha convertido en un ejercicio de astronomía presupuestaria. Brasil gastó más de $15 mil millones de dólares en 2014, dejando un legado de estadios subutilizados y deuda pública. Qatar invirtió cifras aún más estratosféricas en 2022, transformando el desierto pero también generando controversias laborales sin precedentes.
México, siendo una economía en desarrollo con desafíos estructurales en recaudación tributaria, enfrenta un dilema clásico: ¿es la visibilidad global y el orgullo nacional worth the price tag?
Regímenes especiales: el lado oculto de las finanzas públicas
Los regímenes especiales de tributación no son invento reciente ni exclusividad mexicana. Son herramientas que prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos utilizan para incentivar inversión en sectores estratégicos: turismo, tecnología, infraestructura deportiva.
El problema es la escala. Cuando esos incentivos alcanzan más del 4% del PIB, estamos ante un fenómeno que merece mayor escrutinio. ¿Cuánto de esos 1.6 billones es realmente necesario para que el Mundial sea un éxito? ¿Cuánto es subsidio implícito a empresas que de todas formas obtendrían ganancias?
Argentina enfrentó dilemas similares durante su organización de la Copa América. Chile debió replantear gastos en eventos deportivos cuando estalló la crisis social de 2019. Cada país latinoamericano debe calibrar cuidadosamente cuánto está dispuesto a invertir en la gloria efímera de un torneo.
El debate que no estamos teniendo en México
Lo inquietante no es que México organice un Mundial. Es un honor deportivo legítimo y una oportunidad económica real. Lo preocupante es que esta renuncia fiscal masiva ocurra sin un debate público profundo sobre sus consecuencias.
¿Quiénes se benefician más de estos regímenes? ¿Las grandes constructoras que edificarán los estadios modernos? ¿Los hoteleros de lujo que recibirán turismo internacional? ¿O también habrá derrama hacia pequeños negocios locales?
La experiencia comparada en Latinoamérica sugiere que los beneficios tienden a concentrarse. Las grandes empresas capturan la mayor parte del valor, mientras que las comunidades locales quedan viendo pasar el desfile.
Mirando hacia 2026 con ojos abiertos
México tiene oportunidades reales con el Mundial: empleos temporales en construcción y servicios, exposición turística internacional, modernización de infraestructura. Pero estas oportunidades no son garantizadas; dependen de cómo se ejecute el proyecto.
Lo que sí es seguro es que 1.6 billones de pesos dejados de recaudar son recursos que no estarán disponibles para otras prioridades. En un país donde la educación básica sigue mostrando deficiencias, donde la infraestructura vial requiere mantenimiento urgente y donde millones viven en pobreza, cada peso cuenta.
La pregunta no es si México debería organizar el Mundial. La pregunta es si lo debería hacer al costo fiscal que actualmente está asumiendo. Y esa es una conversación que apenas está comenzando.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx