El costo fiscal de los grandes eventos: México deja ir miles de millones
Cuando se habla de traer un Mundial de fútbol o cualquier megaevento deportivo a un país, raramente se menciona en primer plano el verdadero precio que pagan las arcas públicas. México acaba de confirmar lo que muchos economistas ya sabían: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que durante este año dejará sin recaudar aproximadamente 1.6 billones de pesos en ingresos tributarios debido a diversos regímenes especiales otorgados a sectores estratégicos. Esa cifra monumental representa el 4.37% del Producto Interno Bruto nacional.
Detrás de esos números fríos hay una realidad incómoda que trasciende los números: mientras el país invierte en infraestructura y beneficios fiscales para atraer inversión deportiva internacional, millones de ciudadanos enfrentan carencias en educación, salud y servicios básicos. Es un dilema que no es exclusivo de México, sino que resuena en toda América Latina.
Los regímenes especiales: ¿inversión o privilegio?
Los regímenes fiscales especiales son mecanismos diseñados en teoría para incentivar la inversión, generar empleo y posicionar al país como destino de negocios globales. Sin embargo, el impacto real es más matizado. Cuando se otorgan exenciones tributarias para eventos como un Mundial de fútbol, se asume que los beneficios económicos derivados del turismo, la construcción de estadios y la generación de empleos temporales compensarán la pérdida fiscal.
Pero la experiencia internacional demuestra que estos cálculos raramente se cumplen como se proyecta. Los estudios económicos post-evento en ciudades que han albergado Mundiales muestran que muchas instalaciones quedan subutilizadas, endeudadas, o en estado de abandono años después. Brasil aún convive con estadios semivacíos tras 2014. Sudáfrica enfrenta similares dilemas.
El contexto latinoamericano: un patrón repetido
México no está solo en este juego de ajedrez fiscal. Toda América Latina ha participado en esta dinámica de concesiones tributarias a megaeventos. Argentina, Colombia, Perú y Uruguay han hecho cálculos similares, justificando renuncias fiscales con promesas de desarrollo regional y visibilidad internacional.
Lo preocupante es que mientras gobiernos nacionales cierran sus ojos ante estas pérdidas, sus poblaciones siguen esperando inversión pública en infraestructura básica. Carreteras en mal estado, hospitales saturados, escuelas sin recursos: esa es la realidad paralela que convive con estadios modernos y hoteles de lujo construidos para recepciones deportivas.
¿Quién gana realmente con estos beneficios fiscales?
Los grandes beneficiarios son inevitablemente las corporaciones multimillonarias vinculadas al deporte profesional, las constructoras internacionales y los operadores hoteleros. Los ganadores secundarios serían la clase trabajadora especializada que participa en la construcción y servicios durante los eventos. Pero los grandes perdedores son los contribuyentes ordinarios cuya carga tributaria permanece intacta mientras otros sectores obtienen exoneraciones.
Este es el verdadero debate que falta tener en la región: ¿es justo que un taxista, un comerciante pequeño o un profesional independiente mantenga sus obligaciones fiscales completas, mientras que gigantes corporativos dedicados al entretenimiento deportivo obtienen beneficios especiales?
El balance final: ¿vale la pena?
La cifra de 1.6 billones de pesos que México renuncia no desaparece simplemente. Representa dinero que podría destinarse a becas estudiantiles, medicamentos genéricos, carreteras rurales o programas de prevención social. Cada peso no recaudado es un peso que no estará disponible para necesidades básicas.
En un país donde casi la mitad de la población vive en pobreza o pobreza extrema, estas decisiones fiscales merecen un escrutinio público mucho mayor del que reciben actualmente. El deporte es importante, sí, pero no puede serlo a costa del bienestar colectivo.
La pregunta que debe hacerse México, y que debería resonar en toda América Latina, es simple pero profunda: ¿cuál es el verdadero costo de una cancha de fútbol cuando hay familias sin acceso a agua potable? Esa respuesta, números mediante, está justo en esos 1.6 billones de pesos que ya no llegarán a las arcas públicas.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx