El precio oculto de las prioridades nacionales
Cada año, los gobiernos toman decisiones que van más allá de lo visible en las portadas. Mientras los medios hablan de ingresos y egresos presupuestarios, existe un universo paralelo de dinero que nunca llega a las arcas públicas. Este 2024, México experimentará uno de esos momentos: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que dejará de percibir aproximadamente 1 billón 671 mil millones de pesos en concepto de recaudación tributaria.
Para dimensionar esta cifra: estamos hablando de 4.37 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Es decir, más de cuatro de cada cien pesos que México genera como economía simplemente no ingresarán a las arcas federales por decisión deliberada del Estado. Esa cantidad podría financiar hospitales, escuelas, infraestructura vial o programas sociales. En cambio, se destina a lo que técnicamente se conocen como «regímenes especiales» —mecanismos que favorecen ciertos sectores, empresas o actividades consideradas estratégicas.
Cuando el fútbol y otras prioridades pesan en la balanza fiscal
Entre esos regímenes destaca la organización de eventos deportivos de envergadura internacional, particularmente la candidatura y preparación de México para albergar el Mundial de Fútbol. Este proyecto no es únicamente una cuestión deportiva; es una decisión de política económica que impacta directamente en los ingresos del Estado.
La lógica detrás de estas exenciones es tradicional: se argumenta que eventos de talla mundial generan retornos económicos indirectos. Turismo, inversión extranjera, empleos temporales, visibilidad global. Teóricamente, lo que se deja de recaudar hoy se recuperaría multiplicado mañana. Sin embargo, estudios académicos en América Latina sugieren que esta premisa no siempre se cumple, especialmente en economías medianas como la mexicana.
Más allá del Mundial, existen otras líneas de gasto tributario que explican esa cifra colosal. Desde incentivos para sectores industriales específicos hasta exenciones para organismos internacionales, el catálogo de regímenes especiales es extenso y, frecuentemente, opaco para el ciudadano promedio.
El contexto latinoamericano: ¿generosidad fiscal o irresponsabilidad?
México no está solo en esta práctica. Países como Brasil, Argentina y Colombia también utilizan mecanismos similares para promover inversión o eventos estratégicos. Sin embargo, el debate académico en la región es creciente: ¿resulta realmente conveniente renunciar a tales magnitudes de ingresos cuando los gobiernos enfrentan déficit fiscal, deuda pública creciente y servicios públicos deficientes?
En tiempos de pandemia y crisis económica, la pregunta adquiere urgencia. La recaudación tributaria es el oxígeno de cualquier Estado moderno. Sin ella, se compromete la capacidad de invertir en educación de calidad, salud preventiva, seguridad pública y protección social. Una brecha de 1.6 billones de pesos en México equivale a decisiones concretas no tomadas: medicamentos no comprados, maestros no contratados, carreteras no reparadas.
¿Qué busca el gobierno mexicano con estas concesiones?
Las autoridades hacendarias justifican estos «gastos tributarios» como inversiones en el futuro. El Mundial de Fútbol, si se materializa, sería un catalizador para modernizar infraestructuras, desde estadios hasta transporte público. El atractivo turístico y mediático podría posicionar a México en un nivel distinto en la competencia global por inversiones.
Pero aquí emerge la tensión fundamental: ¿a qué costo? Y, más importante aún, ¿quién paga efectivamente ese costo? Típicamente, cuando el Estado renuncia a ingresos tributarios, la presión recae sobre otros sectores. Impuestos indirectos más altos, reducción de gastos sociales o, en el peor escenario, endeudamiento público que las próximas generaciones deberán resarcir.
La transparencia como asignatura pendiente
Uno de los problemas más críticos es la falta de transparencia total sobre estos regímenes. Mientras los ciudadanos pueden rastrear cada peso de gasto público en programas sociales, los números exactos de lo que se deja de recaudar por exenciones y regímenes especiales frecuentemente permanecen en la neblina burocrática.
En una democracia moderna, estos debates deberían ser públicos y deliberativos. ¿Realmente queremos un Mundial a costa de servicios de salud? ¿Vale la pena el incentivo fiscal si las empresas beneficiadas no generan los empleos prometidos? Estas son preguntas que el mexicano promedio merece responder colectivamente, no recibir como hechos consumados.
Para cerrar: los 1.6 billones de pesos que Hacienda no recaudará este año representan una apuesta al futuro. Esperemos que sea una apuesta certera.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx