Diputada Silva Andraca plantea legislar sobre prevención del suicidio
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) pidió al Congreso legislar sobre la prevención del suicidio, una problemática que se ha convertido en emergencia de salud pública en México. Durante el Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios, la parlamentaria enfatizó la urgencia de construir políticas públicas integrales y priorizar la salud mental como eje transversal de la agenda nacional.
Una crisis global y nacional sin precedentes
El suicidio es un fenómeno devastador de alcance mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, 727 mil personas mueren cada año por suicidio en el mundo, sin contar los intentos fallidos. En 2021, el suicidio fue la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años a nivel global.
En México, los números son alarmantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 ocurrieron más de 8 mil 556 suicidios. Lo más preocupante es que esta crisis no discrimina por edad: afecta tanto a jóvenes como a personas entre 30 y 44 años.
Las múltiples causas detrás de la tragedia
Silva Andraca explicó que el suicidio es un fenómeno profundamente complejo y multifactorial. «Hablar de suicidio no es sencillo, implica entender el sufrimiento humano y sus causas más íntimas», señaló.
Las causas incluyen crisis personales, estrés extremo por razones familiares o laborales, enfermedades crónicas y dolor persistente. A esto se suman trastornos de salud mental como depresión y ansiedad, así como el consumo de alcohol y otras sustancias.
Pero el problema trasciende lo individual. Factores estructurales y sociales como la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, los desastres naturales y los efectos del cambio climático impactan directamente en el bienestar emocional de las personas.
Propuesta legislativa integral
Expertos de la Coalición Nacional en Prevención del Suicidio (Conapresu) presentaron una propuesta de ley que busca crear un sistema nacional articulado de prevención. Eufrosina Castillo Arroyo, directora de la coalición, subrayó que México carece actualmente de legislación específica que integre la prevención, atención y seguimiento de los riesgos de suicidio.
La iniciativa se sustenta en principios fundamentales: prevención desde la cotidianidad, participación comunitaria, enfoque intercultural incluyente, pertinencia territorial y orientación a resultados medibles.
Acciones concretas para salvar vidas
La propuesta incluye fortalecer el primer nivel de atención para que cualquier persona reciba apoyo oportuno. También plantea incorporar educación emocional desde la infancia, romper el estigma en torno a la salud mental y construir una cultura donde pedir ayuda sea un acto de dignidad, no de vergüenza.
Otras medidas clave son impulsar campañas de concientización que involucren autoridades, especialistas, familias y comunidades; crear redes comunitarias de apoyo; establecer líneas de atención accesibles; diseñar programas escolares de bienestar emocional, e implementar un observatorio nacional para registrar casos y evaluar políticas públicas.
Corresponsabilidad intersectorial
José Joaquín Ceballos, CEO de la Coalición Internacional en Prevención del Suicidio, enfatizó que la iniciativa busca establecer criterios técnicos homogéneos y garantizar atención oportuna. «Legislar en materia de prevención del suicidio responde a la necesidad de elevar la salud mental a una prioridad nacional», afirmó.
La propuesta impulsará la participación coordinada de sectores como salud, educación, desarrollo social, organizaciones civiles y comunidades bajo un modelo de corresponsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno.
Impacto esperado: reducir incidencia y salvar vidas
El impacto esperado de esta ley es claro: reducir la incidencia del suicidio, fortalecer la detección temprana, garantizar atención oportuna y humana, construir comunidades resilientes y generar información confiable para la toma de decisiones.
Como señaló Castillo Arroyo, «prevenir el suicidio no es únicamente una tarea institucional, es un compromiso ético, social y humano que exige coordinación, sensibilidad y acción inmediata». La creación de una legislación integral permitirá consolidar una política pública de Estado que trascienda los cambios administrativos y asegure su permanencia en el tiempo.