La promesa incumplida que resurge en la capital
A meses de asumir el cargo, la administración federal enfrenta una presión creciente de sectores ambientalistas que exigen coherencia entre el discurso de transición ecológica y las decisiones sobre explotación de recursos fósiles. En las calles de Ciudad de México, activistas han manifestado su rechazo a lo que denominan una contradicción fundamental: la promoción de lo que el gobierno llama ‘fracking sustentable’, una propuesta que busca reactivar la extracción de gas de lutitas bajo nuevos estándares ambientales.
La paradoja central del debate radica en una pregunta que atraviesa toda América Latina: ¿puede existir extracción de combustibles fósiles que sea verdaderamente compatible con la protección del medio ambiente? Los manifestantes sostienen que no, y apelan a evidencia científica acumulada durante décadas sobre los impactos de la fracturación hidráulica en territorios de otros países.
Un problema global con raíces locales
El fracking, técnica de extracción que inyecta agua, arena y químicos a alta presión en formaciones rocosas para liberar gas natural, ha generado controversia mundial desde su expansión en Estados Unidos hace dos décadas. En contextos latinoamericanos, donde la presencia estatal en zonas de explotación es frecuentemente débil y los sistemas de fiscalización enfrentan limitaciones presupuestarias, los riesgos se magnifican.
México específicamente depende de ingresos petroleros que representan aproximadamente el 5-7% de sus presupuestos federales. Tras la reforma energética de 2013 y su posterior revisión, la industria extractiva nacional enfrenta presiones económicas mientras sus principales yacimientos convencionales muestran signos de agotamiento. Este contexto económico explica parcialmente por qué persisten conversaciones sobre alternativas como el gas de esquisto, pese a compromisos climáticos internacionales.
El costo ambiental que los números no capturan
Las preocupaciones esgrimidas por las organizaciones civiles no son genéricas. En Estados Unidos, estudios independientes han documentado contaminación de acuíferos en zonas de fracking intensivo, particularmente en Texas y Oklahoma. Más allá de la frontera norte, Argentina experimentó protestas en Neuquén por impactos en agua subterránea relacionados con operaciones en el yacimiento Vaca Muerta.
Para México, país que ya enfrenta estrés hídrico severo en múltiples regiones, esta dimensión resulta especialmente crítica. La cuenca del Bajío, zona agrícola fundamental, presenta depresiones del nivel freático alarmantes. Añadir operaciones de fracking en estas geografías representaría, según análisis de grupos ambientalistas, una apuesta de riesgo con ganadores limitados y perdedores dispersos—fundamentalmente comunidades rurales y urbanas dependientes de agua subterránea.
¿Qué significaría ‘sustentable’ en este contexto?
La propuesta gubernamental de fracking ‘sustentable’ introduce terminología que ha sido cuestionada incluso por expertos conservadores en energía. El término sugiere mecanismos de mitigación—acuíferos de menor productividad, tecnologías de reciclaje de agua, regulación más estricta—que teóricamente reducirían impactos. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que no existe operación de fracturación hidráulica que sea completamente inocua para sistemas hídricos subterráneos.
Científicos de universidades mexicanas han señalado que cualquier régimen de ‘fracking responsable’ requeriría inversión en monitoreo ambiental de largo plazo, capacidad regulatoria robusta y mecanismos de compensación para afectados—componentes que México apenas está desarrollando en otros sectores extractivos.
El timing político en tiempos de cambio climático
La tensión se agudiza considerando compromisos climáticos de México. El país se comprometió en París a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y la administración actual ha enfatizado la transición hacia energías renovables. Expandir extracción de gas natural, incluso con mejoras tecnológicas, contradice narrativas de descarbonización.
Otros países latinoamericanos enfrentan dilemas análogos. Colombia debate su transición post-carbón mientras depende fiscalmente del petróleo. Perú lidia con demandas simultáneas de crecimiento económico y protección amazónica. El caso mexicano no es aislado, pero su magnitud—como tercera economía de la región—amplifica sus implicaciones regionales.
Hacia un horizonte más claro
Las manifestaciones reflejan una generación de activistas que no acepta falsas soluciones. Exigen cumplimiento de compromisos electorales y coherencia con narrativas de cambio. El gobierno federal enfrenta la necesidad de demostrar que su transición energética es real, no una etapa hacia más extracción fósil disfrazada de modernidad tecnológica.
La conversación debe evolucionar desde si el fracking puede ser ‘verde’ hacia cómo transicionar genuinamente la economía mexicana desde una dependencia extractiva que ha generado enormes beneficios privados pero costos ambientales compartidos. Eso requiere políticas activas de inversión en renovables, reconversión laboral en regiones petroleras y, fundamentalmente, transparencia sobre los verdaderos números: qué ganancias genera realmente la extracción, a quién benefician, y quién absorbe los costos ambientales a largo plazo.
La respuesta que México construya no solo importa por sus implicaciones domésticas, sino como referente para toda una región que busca definir qué significa verdaderamente desarrollo sustentable en tiempos de emergencia climática.
Información basada en reportes de: El Financiero