Maestros en paro y legisladores plurinominales: el caos político en México
El desorden en las calles de Ciudad de México se repite. Grupos de maestros denominados burlonamente como el «Sindicato Nacional de Monos y Changos» continúan realizando desmanes en las principales avenidas, mientras autoridades federales y locales observan pasivamente. Lo más grave: estos trabajadores cobran su salario quincenal completo a pesar de abandonar sus labores y generar daños a la vía pública y al comercio establecido.
¿Dónde está la aplicación de la ley?
Un interrogante fundamental emerge de esta situación: ¿por qué el gobierno federal no aplica la Ley de abandono de empleo? Los maestros que participan en estas manifestaciones deberían enfrentar sanciones legales por los daños causados a la infraestructura pública y a los negocios locales. Sin embargo, la alcahuetería gubernamental parece garantizar que estas medidas nunca se concreten.
El panorama es preocupante porque establece un precedente de impunidad selectiva. Si el gobierno federal tiene preferencias hacia ciertos grupos laborales, ¿qué mensaje envía al resto de los mexicanos? La Ley debe aplicarse con equidad o, de lo contrario, nos enfrentamos a un gobierno que funciona como «una manada de bufones» en lugar de una institución que respete el Estado de Derecho.
San Lázaro: la batalla de los «zánganos legislativos»
Mientras en las calles ocurre el caos, en los pasillos del Congreso se libra otra batalla igualmente feroz. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de eliminar a los legisladores plurinominales ha encendido los ánimos en San Lázaro y el Senado de la República.
Los diputados y senadores plurinominales —figuras que no son elegidas directamente por los votantes, sino designadas por las cúpulas partidistas— defienden su posición con ferocidad. Algunos de estos legisladores llevan más de 20 años cobrando millonarios salarios sin compromisos reales con la población. Son, en esencia, los «zánganos» que extraen recursos fiscales de contribuyentes puntuales para financiar sueldos injustificables.
La desaparición de partidos políticos está sobre la mesa
La batalla política que se libra actualmente tiene ramificaciones aún mayores. Ante el fracaso histórico de partidos como el PRI y el PAN, surge la pregunta inevitable: ¿deberían desaparecer aquellas instituciones políticas que carecen de militancia suficiente para garantizar su presencia en el «ring político mexicano»?
Los líderes de estos partidos no están dispuestos a ceder. Se rumorea, además, que viejos políticos ya cocinan la creación de nuevas agrupaciones como «Somos México Nuevo», presumiblemente lideradas por los mismos rostros desgastados que han gobernado durante décadas.
Una propuesta sensata sería establecer que los nuevos partidos políticos se sostengan únicamente con contribuciones de sus agremiados, no con recursos públicos. Quizá así emerjan solo aquellos que genuinamente cuenten con apoyo ciudadano, en lugar de estructuras artificiales mantenidas por el Estado.
Caos en la Zona Oriente del Estado de México
Mientras el Congreso se debate en sus disputas internas, pobladores de municipios en la Zona Oriente del Estado de México enfrentan una crisis de seguridad sin precedentes. La gobernadora Delfina Moreno Álvarez y la alcaldesa de Chalco, Abigail Sánchez Martínez, no han logrado contener la delincuencia que caracteriza a esta región de más de 20 municipios.
Las denuncias son alarmantes: policías municipales participan en secuestros exprés, y vendedores nocturnos reportan cobros por «derecho de piso» realizados por autoridades locales. Cuando los ciudadanos denuncian a estos extorsionadores, las corporaciones policiacas no proceden. El resultado es una situación donde la población debe temer tanto a la delincuencia civil como a las propias autoridades encargadas de su protección.
Ante este panorama desesperado, pobladores ruegan que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, intervenga para realizar una «cacería» de las «ratas de dos patas» que gobiernan y delinquen en estos municipios.
Un sistema que requiere cambios inmediatos
México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, maestros que abandonan sus obligaciones laborales sin consecuencias; por otro, legisladores que cobran sin aportar valor; y en las periferias, ciudadanos atrapados entre criminales civiles y autoridades corruptas.
La aplicación equitativa de la Ley no es un lujo, es una necesidad. El gobierno federal debe demostrar que en México no existen grupos privilegiados, que la Ley se respeta y se hace respetar por igual. De lo contrario, seguiremos siendo espectadores de un circo político donde los bufones gobiernan y los ciudadanos pagan el precio.