Los sistemas de salud en México: una deuda pendiente con millones de derechohabientes
México cuenta con aproximadamente 70 millones de personas afiliadas a instituciones de seguridad social, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas dos entidades representan los pilares del sistema de protección en salud para trabajadores formales y sus dependientes, pero enfrentan desafíos significativos que afectan la calidad de la atención médica que proporcionan.
Históricamente, estas instituciones fueron diseñadas para garantizar acceso a servicios médicos, medicamentos y prestaciones sociales a trabajadores del sector privado y público respectivamente. Sin embargo, décadas de presión financiera, cambios demográficos y evolución de las necesidades sanitarias han puesto a prueba su capacidad operativa y presupuestaria.
Realidades estructurales del sistema
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la cobertura en salud en México ha mejorado en términos numéricos, pero la calidad y oportunidad de los servicios presentan variabilidad importante entre regiones y entre instituciones. El IMSS, que atiende principalmente a trabajadores del sector privado, y el ISSSTE, enfocado en servidores públicos, son frecuentemente objeto de análisis crítico sobre su funcionamiento.
Un aspecto fundamental es la capacidad instalada. Ambas instituciones operan miles de clínicas y hospitales en todo el territorio nacional, pero la distribución de recursos no siempre responde a las necesidades reales de las poblaciones que atienden. En algunos municipios, la infraestructura es obsoleta; en otros, inexistente. Esta fragmentación geográfica genera inequidades en el acceso a servicios especializados.
Presiones financieras y presupuestarias
Tanto el IMSS como el ISSSTE han reportado déficits financieros en años recientes, motivados por múltiples factores: envejecimiento de la población, aumento de enfermedades crónicas, inflación en costos de medicamentos y tecnología médica, así como insuficiencia de ingresos por cotizaciones. El ISSSTE, en particular, ha enfrentado desafíos adicionales relacionados con pensiones y su sostenibilidad actuarial.
Organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han señalado que los sistemas de seguridad social en América Latina, incluido México, requieren reformas estructurales que consideren nuevas fuentes de financiamiento y modelos de gestión más eficientes. La pandemia de COVID-19 evidenció estas vulnerabilidades al poner tensión simultánea en todos los sistemas de salud.
Perspectiva de los derechohabientes
Para millones de mexicanos, la afiliación al IMSS o ISSSTE representa su único acceso garantizado a servicios de salud. Sin embargo, reportes de usuarios frecuentemente mencionan tiempos de espera prolongados, falta de medicamentos, saturación de consultorios y, en casos graves, derivaciones a instituciones privadas cuando los recursos públicos resultan insuficientes. Esta realidad genera estrés financiero adicional a familias que ya contribuyen con descuentos de nómina.
Académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM han documentado que la satisfacción de los derechohabientes con estos servicios se sitúa entre 40 y 60%, dependiendo de la entidad federativa y el tipo de padecimiento atendido.
Caminos hacia la mejora
Expertos en política sanitaria proponen varias estrategias: fortalecimiento del financiamiento con modelos progresivos, modernización tecnológica de infraestructuras, capacitación continua del personal médico, y coordinación más efectiva entre IMSS, ISSSTE y servicios estatales de salud. Algunos países latinoamericanos como Chile y Costa Rica han implementado reformas que podrían servir como referencia, aunque cada contexto requiere soluciones adaptadas.
La realidad es que las instituciones de seguridad social mexicana son insustituibles para millones de personas. Su viabilidad a largo plazo depende de decisiones políticas, de asignación de recursos y de voluntad para implementar cambios que, aunque complejos, son necesarios para garantizar que cumplan su misión fundamental: proteger la salud de los trabajadores formales y sus familias en un México que envejece y donde las enfermedades crónicas aumentan constantemente.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx