Las universidades públicas mexicanas ante el dilema energético: ¿evaluadores o avalistas?
La convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum a las principales instituciones de educación superior del país para conformar un grupo de análisis sobre la extracción de gas mediante técnicas de fracturación hidráulica representa un momento crucial para reflexionar sobre el papel de la academia en las decisiones de política energética y ambiental de México.
El anuncio de la formación de este colectivo interdisciplinario, integrado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, junto con otros diecisiete investigadores de reconocida trayectoria, plantea interrogantes fundamentales sobre cómo nuestras instituciones de investigación pueden contribuir al desarrollo sostenible sin comprometer su independencia intelectual ni su misión de servicio público.
Contexto energético y presiones globales
México enfrenta un desafío energético complejo. La producción de petróleo ha disminuido consistentemente en los últimos años, mientras que la demanda eléctrica continúa creciendo. Las fuentes de energía renovable avanzan, pero requieren inversiones significativas e infraestructura que tarda años en desarrollarse. En este contexto, algunos sectores del gobierno y la industria consideran la explotación de gas no convencional como una solución transitoria.
Sin embargo, esta perspectiva choca con evidencia científica internacional cada vez más sólida. Estudios provenientes de universidades estadounidenses, europeas y latinoamericanas documentan impactos ambientales considerables del fracking: contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo masivo de agua en regiones áridas y semiáridas, y riesgos sísmicos en zonas de operación.
La responsabilidad de la academia en momentos decisivos
La participación de nuestras universidades públicas en este análisis no es un asunto menor. Estas instituciones tienen una deuda histórica con el país: fueron creadas con el mandato de contribuir al bienestar colectivo, generar conocimiento riguroso y servir como contrapeso crítico frente a decisiones que afecten el interés público.
La pregunta que surge es legítima: ¿se trata de un ejercicio genuino de evaluación técnica independiente, o de un mecanismo para otorgar legitimidad académica a decisiones ya tomadas en otras esferas? La historia demuestra que ambos escenarios son posibles. Durante décadas, universidades latinoamericanas han participado en evaluaciones que posteriormente se utilizaron para justificar proyectos extractivos cuyas consecuencias ambientales fueron severas.
Precedentes en América Latina
Perú, Argentina y Colombia han vivido experiencias con fracking que ofrecen lecciones valiosas. En el caso peruano, la explotación de gas en Camisea generó divisiones profundas entre comunidades indígenas y operadores, además de impactos ambientales documentados en la región amazónica. Argentina, con su formidable yacimiento de Vaca Muerta, ha experimentado beneficios económicos pero también conflictividad social y presiones sobre recursos hídricos en provincias semiáridas.
Estos casos demuestran que el análisis técnico debe ser integral: no basta evaluar viabilidad operativa o rentabilidad financiera. Es necesario considerar impactos territoriales, derechos de comunidades locales, consecuencias ambientales a largo plazo y compatibilidad con compromisos climáticos internacionales que México ha adquirido.
Propuestas para un análisis verdaderamente independiente
Si el grupo de expertos funcionará con transparencia genuina, debería considerar: primero, acceso público a metodologías, datos y conclusiones intermedias; segundo, participación de comunidades potencialmente afectadas en las deliberaciones; tercero, evaluación comparativa rigurosa con alternativas energéticas; y cuarto, horizonte temporal que considere no solo viabilidad inmediata, sino impactos intergeneracionales.
La academia mexicana tiene oportunidad de demostrar que puede ser espacio de reflexión crítica sin ser instrumentalizada. Eso requiere valentía intelectual y compromiso con la verdad, aunque esta sea incómoda para tomadores de decisiones.
Una apuesta por el futuro con responsabilidad
No se trata simplemente de decir sí o no al fracking. Se trata de exigir que cualquier decisión energética en México sea resultado de análisis riguroso, transparente, participativo e informado por la mejor evidencia científica disponible. La presencia de UNAM, UAM e IPN en este proceso ofrece una oportunidad para modelar cómo la academia puede ser guardiana del conocimiento confiable en tiempos de incertidumbre.
El futuro energético de México merece nada menos que eso.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx