Las reformas que no transforman: el riesgo de una democracia sin raíces
Vivimos en una paradoja latinoamericana incómoda: tenemos más constituciones reescritas que nunca, más reformas institucionales que en cualquier otra época, más cambios legales que parecen prometer un futuro mejor. Y sin embargo, la desconfianza en nuestras democracias crece, la participación ciudadana mengua, y el espacio público se fragmenta en tribus que ya no hablan entre sí.
¿Qué falla entonces? La respuesta incómoda es que hemos confundido el cambio de las reglas con la transformación de la realidad. Creemos que una nueva ley electoral, una reforma judicial o una redistribución de poderes puede producir un salto mágico hacia instituciones sólidas. Pero las instituciones, esos andamios frágiles que sostienen nuestras repúblicas, no flotan en el vacío. Se anclan—o deberían anclarse—en algo más profundo: una sociedad que las entiende, las valida, las defiende y las reclama cuando fallan.
Cuando hablamos de una democracia sin sociedad, no nos referimos a la ausencia de ciudadanos. Hay millones de ellos. Nos referimos a la ausencia de un tejido social cohesionado que comparta ciertos mínimos: la creencia en que las instituciones importan, que las reglas aplican para todos, que el diálogo es mejor que la ruptura. Sin eso, las mejores reformas se convierten en letra muerta.
El espejismo de las reformas técnicas
México, como muchos países en la región, ha experimentado múltiples rondas de reformas institucionales. Reformas electorales que buscaban mayor representatividad. Reformas judiciales que prometían independencia. Cambios en los pesos y contrapesos que supuestamente mejorarían el desempeño del gobierno. Algunas fueron necesarias. Pocas han producido los resultados esperados.
¿Por qué? Porque una sociedad fragmentada, desconfiada y desmovilizada no puede sostener instituciones fuertes. Es como construir un puente con los mejores materiales, pero en un terreno que no ha sido preparado. La estructura puede ser impecable, pero si no hay quién lo use responsablemente, si no hay comprensión colectiva de por qué existe, terminará siendo un monumento al desperdicio.
Las reformas institucionales son importantes. Sin ellas, quedamos atrapados en estructuras disfuncionales. Pero son un medio, nunca un fin. El fin debe ser una democracia que funcione, que sea vivida por ciudadanos que creen en ella. Y eso requiere algo que ninguna reforma puede decretar: el reconocimiento compartido de que la democracia, a pesar de sus frustraciones, es mejor que las alternativas.
La base social que falta
Una democracia robusta requiere una plataforma. No me refiero a una plataforma política, sino a una base de comprensión común. Requiere que la mayoría de la gente—no todos, pero sí una mayoría significativa—crea que las instituciones merece la pena defenderlas. Que vea en ellas un espacio donde sus intereses pueden ser representados, donde sus quejas pueden ser escuchadas, donde existe una mínima posibilidad de que las cosas cambien.
En América Latina, esa base se ha erosionado en décadas. Décadas de gobiernos que no entregan resultados. Décadas de corrupción sistémica que enseña a todos que las reglas no aplican para los poderosos. Décadas de violencia que muestra que el estado no puede ni quiere proteger. Décadas de desigualdad que convencen a millones de que el sistema está amañado desde el inicio.
Bajo estas condiciones, ¿para qué creer en reformas? ¿Para qué participar en un proceso electoral si percibo que los políticos harán lo que quieran? ¿Para qué respetar instituciones que no me respetan?
El círculo vicioso que nos atrapa
Aquí radica el círculo vicioso. Una sociedad desconfiada no participa. Una sociedad que no participa, que no vigila, que no se moviliza, permite que las instituciones se debiliten aún más. Las instituciones débiles confirman la desconfianza inicial. Y así, volvemos al punto de partida, pero con más erosión, más cinismo, más ganas de abandonar el juego democrático por completo.
Algunos optan por el autoritarismo nostálgico. Otros por el populismo que promete sortear las instituciones. Algunos simplemente se retiran de la vida pública, convencidos de que nada cambiará. Todos son síntomas de lo mismo: una sociedad que ya no tiene fe en su propio proyecto colectivo.
¿Dónde empezar entonces?
No es romántico decir que el cambio debe empezar en otro lado. Debe empezar con gobiernos que entregan resultados en seguridad, salud y educación. Debe empezar con instituciones que castigan a los corruptos, que no tienen dos velocidades de justicia. Debe empezar con líderes que reconocen que la democracia no es un juego que pueden ganar solos, sino un espacio que todos compartimos.
Pero también debe empezar con una sociedad que exige, que no acepta migajas, que se organiza, que participa. Una sociedad que entiende que la democracia es un verbo, no un sustantivo. Que se construye cada día, en cada interacción, en cada decisión de confiar en el otro aunque sea difícil.
Las reformas institucionales seguirán siendo necesarias. Pero mientras no reconstruyamos esa base social, mientras no convenzamos a millones de que vale la pena defender la democracia, estaremos construyendo casas en la arena. El próximo viento las derribará.
La pregunta que debe obsesionarnos no es cuál será nuestra próxima reforma. Es: ¿cómo reconstruimos una sociedad que crea que sus instituciones le pertenecen y merece la pena luchar por ellas?
Información basada en reportes de: El Financiero