Las instituciones huérfanas: cuando las reformas democráticas pierden a su pueblo
Cada tanto, desde los escritorios de análisis político, escuchamos el mismo diagnóstico reconfortante: México avanza en reformas institucionales. Se aprueban leyes, se crean organismos, se redactan reglamentos. Los expedientes se cierran con una firma. Y luego, mientras los periodistas apagan las luces de las salas de prensa, la pregunta incómoda permanece flotando en el aire: ¿para quién estamos construyendo todo esto?
La pregunta no es ociosa. Es, de hecho, la pregunta que debería obsesionar a cualquiera que crea que la democracia es algo más que un ejercicio de redacción legal. Porque existe un abismo creciente entre el México de las instituciones reformadas y el México de las personas que supuestamente se benefician de ellas. Entre el andamio jurídico que levantamos y la sociedad que debería habitarlo.
El fantasma de las reformas sin raíces
Latinoamérica lleva décadas viviendo este divorcio. Hemos transitado de dictaduras a democracias sobre el papel con una velocidad que, en retrospectiva, resulta sospechosa. Cambiamos uniformes por constituciones, represión por elecciones, pero algo fundamental no cambió: la distancia entre quienes gobiernan y quienes son gobernados.
México no es la excepción. En los últimos quince años, hemos acumulado reformas electorales, cambios en poderes judiciales, restructuraciones de organismos autónomos. Cada una con su narrativa de progreso, cada una con sus defensores convencidos. Pero mientras tanto, la confianza ciudadana en las instituciones cae como termómetro en invierno. Las encuestas lo registran con precisión: menos de la mitad de los mexicanos cree que las instituciones funcionan para él. El resto ha aprendido a vivir como si no existieran, o peor aún, como si existieran para otros.
Aquí está el problema en su forma más desnuda: construimos democracia de arriba hacia abajo. Convocamos expertos, consultamos tratados internacionales, importamos mejores prácticas de países que tampoco las perfeccionaron del todo. Pero raramente preguntamos qué necesita la persona que trabaja, que cría hijos, que teme por su seguridad. Raramente construimos desde la raíz.
Una plataforma sin cimiento
Toda estructura necesita un cimiento. Los antiguos lo sabían. Las instituciones democráticas no son distintas. Pero nuestro cimiento no es sólido. No es el compromiso cívico, ni la participación sostenida, ni la creencia compartida de que el sistema funciona para todos. Nuestro cimiento es, en el mejor de los casos, la inercia. En el peor, la resignación.
Cuando una institución no tiene raíces en la sociedad que la rodea, permanece vulnerable. No porque le falten facultades legales, sino porque le falta lo que ningún decreto puede otorgar: legitimidad vivida, confianza ganada en el tiempo, arraigo en la experiencia cotidiana de la gente.
México lo experimenta en carne propia. Tenemos un organismo electoral que funciona de acuerdo a estándares internacionales, pero millones dudan de sus resultados. Tenemos un poder judicial reformado, pero el mexicano promedio no espera justicia de él. Tenemos autonomía en instituciones que suena bien en los documentos pero que operan en un vacío de legitimidad social.
¿Quién defiende lo que nadie posee?
Aquí viene la paradoja más peligrosa: para que las instituciones democráticas sobrevivan, especialmente en momentos de turbulencia política, necesitan defensores. No defensores de papeles, sino de personas. Ciudadanos que hayan experimentado, aunque sea parcialmente, que el sistema también es suyo. Que hayan sentido que sus derechos están respaldados, que sus voces importan, que las reglas del juego son justas porque los incluyen.
Sin esa base social, las instituciones quedan expuestas. Quedan a merced de quienquiera que ofrezca una alternativa más visceral, más cercana, más comprensible. Porque cuando las instituciones son lejanas, abstractas, cuando no se traducen en beneficios visibles en la vida de la gente, son fáciles de sacrificar. O peor: de ignorar.
El desafío no es menor. Requiere algo que nuestros gobiernos han evitado sistemáticamente: repensar cómo las instituciones se conectan con la vida real. No en los discursos de inauguración, sino en la experiencia diaria.
El camino incómodo hacia adelante
Esto significa que las reformas futuras no pueden ser solamente institucionales. Tienen que ser también sociales. Tienen que preguntarse: ¿cómo hacemos que esta institución sea relevante para el trabajador informal, para la madre soltera, para el comerciante en la calle?
Significa también aceptar que la democracia no es un destino al que llegamos con la reforma correcta. Es un proceso que debe renovarse constantemente desde la participación de abajo hacia arriba. Es incómodo, lento, menos limpio que escribir nuevas leyes. Pero es el único camino que produce legitimidad real.
Mientras tanto, las instituciones democráticas mexicanas seguirán siendo catedrales hermosas construidas en terreno movedizo. Impresionantes en la distancia, pero frágiles donde más importa: en el corazón de una sociedad que necesita sentir que la democracia también es suya.
La pregunta no es si las reformas son buenas. La pregunta urgente es: ¿para quién estamos reformando? Y más importante aún: ¿lo sabe alguien además de nosotros?
Información basada en reportes de: El Financiero