Cuando la economía se desacelera, el gobierno también lo siente
Durante los primeros meses de este año, México ha experimentado un crecimiento económico anémico que está generando efectos en cascada sobre las arcas públicas. Esta ralentización inicial, que muchos analistas consideraban temporal, ha comenzado a dejar huellas concretas en la capacidad del Estado para recaudar impuestos y ejecutar su presupuesto. El resultado es una presión creciente sobre las finanzas públicas que mexicanos de a pie empezarán a sentir en sus bolsillos.
La ecuación es simple pero preocupante: cuando la economía crece lentamente, las empresas venden menos, ganan menos y, por lo tanto, pagan menos impuestos. Los trabajadores reciben menos bonificaciones y dedican menos dinero a consumo, reduciendo el IVA que el gobierno recauda. Los ingresos tributarios caen, mientras que los gastos del Estado permanecen prácticamente invariables. Esta brecha genera un agujero fiscal que, eventualmente, se intenta cerrar con ajustes presupuestarios o mayor endeudamiento.
El panorama actual en números
Durante el primer trimestre de 2024, indicadores como la producción industrial, las exportaciones y el consumo privado mostraron debilidad generalizada. Para poner esto en perspectiva: en América Latina, México es una de las mayores economías, pero también una de las más vulnerables a desaceleraciones internas. A diferencia de países como Brasil o Argentina que tienen sectores de materias primas más diversificados, la economía mexicana depende fuertemente de manufacturas, remesas y turismo, sectores particularmente sensibles a las fluctuaciones económicas globales.
Las cifras de recaudación del primer trimestre reflejaron esta realidad: ingresos tributarios por debajo de las proyecciones, mientras que el gasto corriente del gobierno se mantuvo en niveles elevados. Esta combinación es insostenible a mediano plazo y obliga a las autoridades a hacer ajustes dolorosos.
¿Qué significa esto para tu bolsillo?
La debilidad fiscal mexicana tiene consecuencias directas para ciudadanos comunes. Primero, presiona hacia arriba los costos de los servicios públicos. Cuando el gobierno no recauda suficiente, tiende a aumentar tarifas de agua, electricidad y transporte para compensar. Segundo, retrasa inversiones en infraestructura, educación y salud, servicios que la mayoría depende. Tercero, puede elevar el costo del crédito público y privado, encareciendo hipotecas y créditos para consumo.
Además, un gobierno con presiones fiscales frecuentemente considera medidas como aumento de impuestos o reducción de subsidios. Esto afecta especialmente a familias de ingresos medios y bajos, que ya enfrentan inflación de alimentos y servicios básicos.
El contexto regional agrega urgencia
En América Latina, varios países enfrentan retos similares. Chile y Colombia han lidiado con déficits fiscales persistentes. Perú y Colombia tienen desafíos de inseguridad que aumentan gasto en seguridad. Argentina apenas está saliendo de una crisis fiscal monumental. En este contexto, México debe ser particularmente cuidadoso. Su posición como puente comercial entre Estados Unidos y Centroamérica ofrece oportunidades, pero también la expone a volatilidad externa.
¿Hay salida?
Los especialistas señalan varias opciones. Mejorar la recaudación tributaria reduciendo evasión es fundamental pero requiere años. Diversificar ingresos públicos mediante privatizaciones controladas o asociaciones público-privadas es controversial pero viable. Reducir gastos corrientes, particularmente en nómina gubernamental, es políticamente difícil pero necesario. Finalmente, estimular el crecimiento económico con políticas de inversión podría resolver el problema de raíz.
Lo cierto es que el «tobogán» del primer trimestre no es un fenómeno aislado. Refleja desequilibrios estructurales que requieren atención seria y decisiones difíciles. Mientras eso ocurre, la presión sobre las finanzas públicas mexicanas seguirá trasladándose a los hogares que menos pueden absorberla.
Información basada en reportes de: El Financiero