La trampa del presupuesto: cuándo el costo electoral supera a la justicia social
Cada país tiene sus propias contradicciones. México vive una de las más incómodas: mientras millones de adultos mayores dependen de transferencias del Estado para sobrevivir, el costo de mantener la maquinaria electoral se dispara sin control aparente. No es una coincidencia que estos dos temas salten al debate público simultáneamente. Es síntoma de una enfermedad presupuestaria más profunda.
La pregunta que circula en salones de análisis político es directa y perturbadora: ¿hasta cuándo podemos sostener ambas cosas? Los números, cuando los revisamos con frialdad, nos obligan a confrontar una realidad incómoda. Los recursos son finitos. Las prioridades, en cambio, parecen infinitas. Alguien tendrá que elegir. Y esa elección tiene rostro.
Un gasto electoral sin precedentes
Los institutos electorales latinoamericanos son estructuras costosas. Esto no es un secreto. Lo que resulta cuestionable es cómo su presupuesto se ha multiplicado en años recientes sin una evaluación rigurosa de eficiencia. En México, las elecciones de 2024 significaron un erogación sin paralelo: miles de millones de pesos en logística, personal, tecnología y administración. Para una sola jornada electoral.
Compáralo con lo que invierte el Estado en pensiones para adultos mayores. Existe una desproporción que clama por explicación. Los ancianos que reciben apoyo estatal —muchos de ellos excluidos del sistema de pensiones formal— no tienen cabildos, no tienen sindicatos fuertes, no tienen voz corporativa. Simplemente existen, y necesitan comer.
La ilusión de que hay dinero para todo
Gobiernos de izquierda, derecha y centro cometen el mismo error político: prometem ampliar programas sin reducir otros. Es matemáticamente imposible, pero electoralmente seductor. La realidad, sin embargo, es cruel. Cada peso que se destina a una estructura administrativa electoral es un peso que no va a medicinas, a alimentos subsidiados o a pensiones más dignas.
Esto no es argumento contra la democracia electoral. Las elecciones son caras porque la democracia tiene costos. El problema no es que cuesten, sino que costen cada vez más sin que nadie justifique por qué. ¿Es necesario gastar dos mil millones cuando se gastaba mil hace cinco años? ¿Qué mejoró proporcionalmente? Estas preguntas rara vez reciben respuestas convincentes.
La lección latinoamericana
Si observamos la región, vemos patrones repetidos. Bolivia, Perú, Colombia: todos enfrentan disyuntivas similares entre mantener aparatos electorales complejos y financiar redes de protección social. Algunos países han optado por reducir estructuras, simplificar procesos. Otros doublegan la apuesta. Los resultados no sugieren que la complejidad garantice legitimidad.
Argentina redujo significativamente su aparato electoral en décadas recientes y sus elecciones no perdieron validez. Costa Rica mantiene un sistema más austero que México y su democracia funciona. No hay relación clara entre presupuesto electoral inflado y calidad democrática. Eso es información que debería circular más en los debates públicos.
La verdadera pregunta política
Lo que está en juego no es simplemente dinero. Es la pregunta sobre qué tipo de país queremos ser. ¿Uno que invierte en estructuras de poder, o uno que invierte en sus ciudadanos vulnerables? Ambas cosas son necesarias, pero cuando los recursos se agotan —y se agotan—, hay que elegir.
Los adultos mayores de hoy fueron trabajadores que construyeron este país. Su existencia no es un favor del Estado, es una deuda. Los aparatos electorales, en cambio, son medios, no fines. Son necesarios para que funcione la democracia, pero no son sagrados. Pueden redimensionarse, simplificarse, hacerse más eficientes.
Lo que falta en la conversación
Nadie quiere ser el político que reduce pensiones. Tampoco quien reduce presupuesto electoral y enfrenta críticas de debilitamiento democrático. Por eso el debate público sigue siendo oblicuo, incómodo, lleno de eufemismos. Se habla de «optimización» y «sostenibilidad» cuando en realidad debería hablarse claro: hay que elegir.
La ciudadanía merece una conversación honesta. Merece que sus gobiernos le digan: estos son los límites, estos son los recursos, esto es lo que podemos hacer. Luego, que la sociedad decida. Esa es democracia real. No el espectáculo de gastar sin límite mientras se culpa a fuerzas abstractas por la escasez.
Conclusión: el momento de decidir
La encrucijada es real. No es retórica. En algún momento, probablemente más pronto que tarde, México tendrá que hacer cortes presupuestarios. No porque sea justo, sino porque no hay más remedio. La pregunta es quién decidirá dónde caen esos cortes: ¿en las pensiones de quienes menos tienen, o en las estructuras burocráticas que, aunque necesarias, podrían ser más eficientes?
Esa decisión definirá qué tipo de democracia somos. Una que protege a sus vulnerables, o una que se ama a sí misma más de lo que ama a su gente. Ambas opciones son posibles. Elegir la primera requiere, primero, admitir que hay que elegir.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx